El Gobierno busca reforzar el control de sectores estratégicos en medio de la disputa entre EE.UU. y China por Vaca Muerta

El Gobierno estudia reforzar el control sobre la tecnología utilizada en sectores estratégicos y analiza dos herramientas: identificar determinadas redes y centros de datos como infraestructura crítica y establecer requisitos de seguridad para los proveedores que participen en esos sistemas.

La discusión tomó impulso en medio de la disputa entre Estados Unidos y China por la presencia de Huawei en la infraestructura tecnológica de Neuquén y todavía no derivó en una medida oficial contra la compañía.

“ Estamos estudiándolo ”, expresan en la Casa Rosada.

En el Ejecutivo aclaran que Nación no tiene jurisdicción para anular directamente una contratación de la Cooperativa CALF, pero reconocen que revisan un esquema más amplio para las infraestructuras consideradas sensibles.

Las normas vinculadas a infraestructura crítica se canaliza a través de la Secretaría Legal y Técnica, mientras que los protocolos de ciberseguridad involucran a las áreas técnicas de la Jefatura de Gabinete.

La discusión separa la contratación puntual del marco regulatorio nacional.

CALF es una cooperativa neuquina y sus decisiones comerciales no dependen del Ejecutivo, pero Calfibra presta servicios de telecomunicaciones bajo una licencia nacional.

El propio ENACOM identificó este año a CALF como licenciataria de Servicios TIC y la Ley Argentina Digital exige autorización federal para desarrollar esa actividad.

La Argentina, además, ya reconoce a la energía y a las tecnologías de la información y las comunicaciones como sectores de infraestructura crítica .

Una resolución nacional de 2019 incluyó esas dos categorías junto con transporte, agua, salud, alimentación, finanzas, nuclear, químico, espacio y funciones del Poder Ejecutivo.

La norma define como críticas a las infraestructuras cuya destrucción o perturbación pueda afectar significativamente servicios esenciales, la seguridad, la defensa, la economía o el funcionamiento del Estado.

Esa clasificación general no convierte a cada red, servidor, centro de datos o instalación energética del país en un activo crítico.

La Segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad plantea precisamente avanzar en la identificación de esas infraestructuras, profundizar la coordinación con operadores privados y desarrollar un marco normativo para las entidades responsables de su funcionamiento y protección.

Javier Milei junto a Karina Milei y el embajador Peter Lamelas (Foto: Presidencia).