La expulsión de alumnos no basta para frenar la violencia escolar: especialista pide prevenir agresiones y revisar qué ocurre en los colegios

La aplicación de medidas disciplinarias en los colegios requiere criterios claros para proteger a los estudiantes y garantizar una convivencia segura.

Ante los nuevos lineamientos que contemplan la expulsión por determinadas conductas , la especialista en educación Pilar Sanz Gutiérrez advirtió que separar a los responsables de los hechos no basta para solucionar los problemas de violencia dentro de las instituciones educativas.

La decana adjunta de la carrera de Educación de la Universidad Científica del Sur planteó la necesidad de complementar las sanciones con estrategias de prevención .

Su análisis apunta a las condiciones que favorecen los conflictos escolares, la respuesta de los adultos y el papel de las familias en el cumplimiento de las normas.

Las disposiciones propuestas contemplan diferentes tipos de faltas, desde incumplimientos reiterados hasta situaciones relacionadas con agresiones, acoso y posesión de armas.

Sin embargo, para Sanz, cada conducta requiere una evaluación particular, sin aplicar el mismo criterio a situaciones que presentan distinta gravedad.

La especialista también señaló la importancia de r evisar el propósito de la disciplina escolar .

Las reglas deben contribuir a una convivencia respetuosa y segura, además de establecer consecuencias ante las infracciones.

La respuesta educativa, según su planteamiento, necesita considerar tanto a quienes sufren las agresiones como a los estudiantes responsables de ellas.

Pilar Sanz pide evaluar cada falta escolar por separado La especialista sostuvo que las conductas contempladas en los lineamientos no deben tratarse como un conjunto uniforme.

La evaluación de cada caso resulta necesaria para determinar qué medida corresponde y qué acciones pueden prevenir nuevos incidentes.

Entre las faltas consideradas en las disposiciones figuran los daños a la propiedad escolar, las tardanzas injustificadas reiteradas, las agresiones físicas o psicológicas, el consumo o la posesión de sustancias prohibidas y las conductas que vulneran la intimidad o la dignidad de otros estudiantes.

También se incluyen situaciones de mayor gravedad, como el acoso escolar, la violencia sexual, la promoción o venta de sustancias prohibidas, el porte o uso de armas y los actos de violencia que alteran el orden dentro de los centros educativos.

Frente a este escenario, Sanz remarcó la necesidad de incorporar medidas preventivas.