La Guarda Civil desmantela una trama de estafas en la compraventa de gatos
Jaén, 15 oct (EFE).- La Guardia Civil investiga a tres personas, de 46, 48 y 53 años, residentes en Tarragona, Barcelona y Toledo, en el marco de la operación Catchip 1, que ha permitido descubrir una presunta trama de estafas en la compraventa de gatos.
Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, el origen de la investigación fue la denuncia de una vecina de La Guardia (Jaén) que pagó 1.000 euros por un gato anunciado en internet, pero la compradora recibió al animal sin el pasaporte que debía acompañarlo.
El gato tenía implantado un microchip, pero no constaba en el Registro Andaluz de Identificación Animal ni en ninguna otra base de datos oficial consultada por los agentes.
Las pesquisas del Servicio de Protección de la Naturaleza de Jaén apuntan a posibles delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil e intrusismo profesional.
Los investigadores detectaron el uso de datos personales, domicilios y referencias comerciales de distintas provincias que dificultaban seguir el rastro de la operación.
De acuerdo con el relato de la Guardia Civil, el dinero de la compra se ingresó en una cuenta cuyo titular figuraba domiciliado en Roda de Bará, en Tarragona.
Sin embargo, las conversaciones por WhatsApp se mantuvieron con un intermediario que aseguraba residir en Sant Adrià de Besòs, en Barcelona.
El contrato identificaba como supuesta vendedora a una mujer de Alicante y vinculaba la transacción con un núcleo zoológico de Ciudad Real.
Al comprobar estos datos, los agentes determinaron que la mujer habría sido víctima de una suplantación de identidad y que el centro mencionado llevaba varios años inactivo.
Para la Guardia Civil, los indicios apuntan al empleo de identidades ajenas y documentación fraudulenta para dar apariencia de legalidad a las operaciones.
La investigación también alcanza a una persona residente en Toledo y vinculada a la compraventa de animales.
Los agentes la investigan por un presunto delito de intrusismo profesional relacionado con la implantación de microchips de identificación sin la habilitación necesaria, una práctica que, según recuerda la Guardia Civil, está reservada a veterinarios autorizados.
EFE gd/vg/jlp
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