Discapacidad: la advertencia por una ola de juicios forzó un cambio de estrategia en el oficialismo

El frente político no fue el único factor que llevó al Gobierno a revisar su estrategia en materia de discapacidad .

En el oficialismo también pesó una advertencia judicial : avanzar con una reducción de derechos y prestaciones podría multiplicar las demandas contra el Estado y trasladar a los tribunales parte del ahorro fiscal que buscaba el Poder Ejecutivo.

“Nos íbamos a llenar de juicios in aeternum por esto”, admitió a LA NACION un referente libertario que sigue de cerca las negociaciones.

El aviso alcanza tanto al proyecto que el Gobierno presentó en abril en el Senado como a las derogaciones incluidas en el presupuesto 2027.

“Por eso nunca se trató”, explican sobre el primero.

Sobre el segundo, sostienen: “Por suerte lo podemos cambiar”.

El principal límite está en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad , que desde 2014 tiene jerarquía constitucional en la Argentina.

A ella se suman dos leyes permanentes: la 22.431, que estableció el sistema de protección integral, y la 24.901, que regula las prestaciones básicas de habilitación y rehabilitación.

Ese andamiaje legal obliga al Estado a garantizar los derechos reconocidos a las personas con discapacidad y vuelve especialmente sensible cualquier decisión que implique reducir prestaciones existentes.

Los cambios planteados originalmente por el Gobierno podrían, por lo tanto, ser cuestionados por los afectados y abrir una discusión judicial sobre su constitucionalidad y aplicación.

El Gobierno ya tiene un antecedente adverso.

Después de que el Congreso insistiera con la ley de emergencia, Milei la promulgó, pero suspendió su ejecución hasta que el Poder Legislativo determinara de dónde saldrían los fondos.

El juez federal de Campana Adrián González Charvay declaró inválida esa suspensión y ordenó poner en marcha la norma.

El expediente se originó en un amparo colectivo presentado por familias de personas con discapacidad y derivó en sucesivas intimaciones al Poder Ejecutivo.