“No hay un solo gasto que esté desfinanciado”: la defensa del Gobierno en el Congreso ante los reclamos de las universidades

“ El Ejecutivo está a derecho, como ha estado siempre ”, remarcó Alejandro Álvarez , subsecretario de Políticas Universitarias, en la comisión de presupuesto sobre la Ley de Financiamiento Universitario.

Repitió que esa ley, “al modo de ver del Ejecutivo”, incumple la Ley de Administración Financiera y la Ley de Ejecución Presupuestaria, que establecen que, cuando una norma no asigna los fondos adecuados, se promulga y se suspende en el acto.

“Eso fue recurrido por el CIN y actualmente tanto eso como la cautelar están hoy en la cámara.

Salió la aceptación en queja de la apelación en Cámara de la cautelar, con lo cual el ejecutivo está a derecho, como ha estado siempre”, apuntó, mientras aplaudían los diputados libertarios.

Hoy, la administración libertaria celebró una decisión judicial que no resuelve la cuestión de fondo, pero le da aire en su puja fiscal con las universidades.

La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a dos recursos de queja del Estado y habilitó la revisión de resoluciones del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo de Martín Cormick , que obligaban al gobierno a cumplir con la actualización de salarios y becas universitarias (dispuesta por la cautelar) y hasta multaba económicamente al jefe de Gabinete, Diego Santilli , por no cumplirla.

La Cámara deberá determinar si corresponde ratificar ese fallo.

Las resoluciones fueron firmadas por los camaristas José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán .

“Hay muchos dirigentes opositores que tienen la denuncia fácil.

Yo los estoy esperando, yo no tengo ninguna notificación”, desafió Álvarez.

Fue luego de la exposición del secretario de Educación, Carlos Torrendell , quien, tras un breve repaso por los recursos de la educación básica y focalizando en el viraje en la política educativa hacia un gasto eficiente, focalizó su exposición en el sistema universitario.

En plena disputa por el financiamiento y a pocos días de la Quinta Marcha Federal Universitaria, los dos funcionarios del Gobierno defendieron su política presupuestaria y cuestionaron la administración de los rectores .

Luego de que Torrendell cuestionara la administración de los recursos de las casas de altos estudios, la dimensión del sistema y su expansión en los últimos 20 años, las cifras de matrícula informadas y el costo fiscal por cada graduado, que, aseguró, ronda los $80 millones, Álvarez apuntó contra la rendición de gastos .

“No puede ser que estemos reclamando rendiciones desde 2015”, aseguró y detalló los montos adeudados.