Desde el Congreso piden eliminar 'mico' que beneficiaría a candidatos presidenciales pese a no alcanzar el umbral: no se les obliga a retornar anticipos

Julio César Triana, representante a la Cámara de Cambio Radical por Huila, propuso eliminar la excepción que permite a los candidatos presidenciales conservar los anticipos estatales de campaña aunque no alcancen el umbral electoral.

La iniciativa busca modificar el artículo 22 de la Ley 1475 de 2011, que otorga a estas campañas un trato distinto al de otras elecciones y que el congresista ha considerado como un “mico” a las normas electorales , según información obtenida por la revista Semana .

La discusión volvió al Congreso durante las revisiones de los gastos declarados por aspirantes de la campaña pasada.

Varios candidatos recibieron anticipos superiores a 4.000 millones de pesos, pese a que no lograron una opción real de avanzar a la segunda vuelta.

Según datos revisados por el medio nacional, Sondra Macollins obtuvo un anticipo de 4.500 millones de pesos, la misma cifra que recibió Santiago Botero y Mauricio Lizcano.

Claudia López recibió 4.000 millones, mientras que Sergio Fajardo obtuvo 4.067 millones de pesos.

Ninguno de los primeros cuatro aspirantes superó el umbral electoral.

Fajardo fue el único que lo alcanzó, aunque no consiguió pasar a la segunda vuelta, y sus gastos no han generado cuestionamientos .

El caso de Santiago Botero concentra parte de la polémica por la velocidad con la que se utilizaron los recursos.

Su campaña, avalada por el Grupo Significativo de Ciudadanos Romper el Sistema, solicitó al Consejo Nacional Electoral el reconocimiento del anticipo estatal para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026.

La resolución del Consejo Nacional Electoral fue conocida por Semana .

Botero había asegurado que era millonario y que contaba con más de 70.000 millones de pesos para financiar su aspiración, pero pidió el anticipo público y lo gastó en nueve días.

El giro se realizó el 22 de mayo de 2026, nueve días antes de la primera vuelta.

Durante la última semana previa a la elección, la ley prohíbe hacer campaña abiertamente.