Una reforma que fortalece al Banco Central

El Poder Ejecutivo envió al Congreso, a fines de julio, un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que representa el intento más serio en décadas de dotar de contenido real a una palabra que solemos repetir sin cumplir: independencia.

La iniciativa avanza sobre los dos frentes que verdaderamente importan —el monetario y el institucional— y, en ambos, fortalece la autonomía de la autoridad monetaria.

Conviene decirlo con claridad: es una buena noticia.

Que la independencia importa no es una intuición, sino una de las conclusiones más firmes de la teoría económica moderna.

Se sabe, desde hace décadas, que un gobierno que controla la emisión termina casi siempre cediendo a la tentación de usarla —el problema de la llamada inconsistencia temporal de la política monetaria—, generando inflación sin crecimiento.

Delegar esa política en una autoridad independiente y comprometida con la estabilidad de precios atenúa ese sesgo, y la evidencia comparada es contundente: los países con bancos centrales más independientes exhibieron, en promedio, una inflación más baja sin sacrificar actividad.

La independencia, en definitiva, es lo que le da credibilidad a la promesa de estabilidad.

El frente monetario es el más comentado del proyecto, y con razón.

Hoy la Carta Orgánica deja abiertas varias vías por las que el Banco termina financiando al Tesoro: los adelantos transitorios, el giro de utilidades y la entrega de letras intransferibles a cambio de reservas.

La reforma las clausura de raíz.

Prohíbe de manera total la asistencia financiera —directa o indirecta— al Tesoro, las provincias y los municipios; elimina los adelantos transitorios; impide transferir al fisco las ganancias derivadas de variaciones cambiarias u operaciones financieras; y suprime el mecanismo por el cual el Tesoro entregaba al Banco una letra intransferible para llevarse las reservas, práctica que erosionó el patrimonio de la institución durante años.

En paralelo, devuelve al Banco un objetivo único y nítido —preservar el valor de la moneda— en lugar del mandato múltiple que se le había incorporado en 2012.

Es, en los hechos, poner llave a la puerta por la que se cuela la inflación fabricada para pagar el déficit.

Como nota de color, vale recordar el caso extremo en la materia: Chile llevó esa misma prohibición de financiar el gasto público al rango constitucional en 1980, un modelo que más de un economista evoca con admiración.