Trump endurece su ofensiva contra la Corte Penal Internacional el mismo día en que una de sus exjuezas, Navi Pillay, recibe el Nobel de la Paz

La Administración de Donald Trump ha impuesto nuevas sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, en una nueva escalada de su enfrentamiento con el organismo encargado de investigar y juzgar algunos de los crímenes más graves del derecho internacional.

El anuncio, realizado este viernes, 9 de octubre, coincide con la concesión del Premio Nobel de la Paz a la jurista sudafricana Navanethem 'Navi' Pillay, antigua jueza del tribunal y reconocida por su trayectoria en defensa de la justicia internacional.

La decisión supone un nuevo paso en la estrategia de presión de Washington contra una institución que ha investigado presuntos crímenes de guerra y emitido órdenes de detención contra dirigentes internacionales, entre ellos el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El Gobierno estadounidense ha sostenido que la corte excede sus competencias al intentar ejercer jurisdicción sobre ciudadanos de países que no forman parte de ella.

Sin embargo, las consecuencias de las sanciones pueden ir mucho más allá de una disputa diplomática.

Las restricciones amenazan con dificultar las relaciones financieras y comerciales de la CPI, así como el acceso a servicios bancarios, tecnológicos y de seguros necesarios para mantener su actividad.

La medida también vuelve a colocar a los aliados europeos de Estados Unidos ante una disyuntiva: respaldar la posición de Washington o defender a una institución internacional de la que forman parte.

Pese a la dureza del anuncio político, las medidas incluyen excepciones para determinadas operaciones.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense ha publicado licencias que permiten mantener algunas transacciones vinculadas a la CPI.

Entre las operaciones autorizadas figuran determinados pagos de salarios, pensiones, seguros médicos, alquileres, suministros y servicios rutinarios.

También se contemplan transacciones relacionadas con telecomunicaciones y programas informáticos empresariales, así como servicios necesarios para la salud y la seguridad de las personas bajo custodia del tribunal.

Según el texto difundido sobre las medidas, algunas de estas autorizaciones estarán vigentes hasta el 7 de abril de 2027.

Estas excepciones muestran que el régimen de sanciones no implica necesariamente la interrupción inmediata de toda relación económica con la corte, aunque su alcance concreto dependerá de las operaciones permitidas y de las condiciones establecidas por el Tesoro.

Washington sostiene que las medidas buscan presionar a la institución y a los Estados que la respaldan para que atiendan sus preocupaciones.