Vocales conservadores del CGPJ ven la sombra del PSOE en el veto de los progresistas a la juez Biedma

El bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no oculta su estupor e indignación ante la negativa de nueve de los diez vocales del llamado bloque 'progresista', todos menos Carlos Hugo Preciado, a aprobar una declaración institucional de apoyo a la juez Beatriz Biedma.

La instructora de la causa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha sido víctima de una campaña de acoso y hostigamiento presuntamente ordenada por las 'cloacas' del PSOE que ha provocado que Interior le haya tenido que poner escolta y que se haya personado como perjudicada en la causa que instruye el juez Pedraz.

En conversación con ABC, los consejeros propuestos por el PP no salen de su asombro ante el desplante de sus colegas a la magistrada, que no tienen «ninguna duda» que viene motivado por la relación de Ferraz con este procedimiento, en el que, además de la 'fontanera' Leire Díaz, está imputado el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la gerente del partido, Ana Fuentes, y el exjefe de Gabinete de Sánchez Juanma Serrano.

El juez no ha descartado que, llegado el momento, impute al PSOE como persona jurídica por beneficiarse de la presunta actividad ilícita de la trama de las 'cloacas'.

Los vocales conservadores aseguran que los 'progresistas' no solo han vetado la aprobación del texto, sino que se han negado siquiera a debatir el asunto. «No alcanzamos a entender las razones de la oposición, así como la renuncia a una de las funciones esenciales del CGPJ: la defensa de la independencia judicial », señalan, dejando constancia de una fractura interna que amenaza con paralizar la respuesta institucional del Consejo ante los ataques a la judicatura.Por su parte, fuentes del ala 'progresista' del Consejo justifican su postura en la necesidad de ser «prudente» y mantener «una estricta neutralidad en relación a cualquier hecho sometido a una investigación judicial».

Añaden que el órgano de gobierno de los jueces «debe preservar y respetar la independencia de quienes investigan (en este caso el juez Santiago Pedraz) y evitar pronunciamientos que puedan interpretarse como una valoración anticipada de los hechos».

El documento que los vocales 'progresistas' no quisieron ni siquiera debatir no era especialmente incisivo: manifestaba la «profunda preocupación» del órgano ante las presuntas actuaciones de intimidación sufridas por Biedma y su entorno "sin prejuzgar hechos ni responsabilidades que corresponde determinar exclusivamente a los tribunales".