Construir más viviendas y reducir la burocracia: las claves del plan de los gestores administrativos contra la crisis habitacional

El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España ha presentado una propuesta para afrontar la crisis de acceso a la vivienda que pone el foco en aumentar la construcción residencial, movilizar el suelo disponible y reducir las trabas administrativas.

La organización plantea una hoja de ruta con 30 líneas de actuación para los próximos 20 años y advierte de que el problema habitacional no puede atribuirse a un Gobierno concreto, sino que responde a desequilibrios acumulados durante décadas, agravados por las consecuencias de la crisis financiera de 2008.

La iniciativa también tiene una vertiente política.

El Consejo General trasladará el informe a todos los grupos parlamentarios y a las administraciones con competencias en vivienda con el objetivo de promover un acuerdo sobre las medidas estructurales que permita mantenerlas durante varias legislaturas.

La organización no pretende que todas las formaciones compartan las mismas políticas, sino identificar actuaciones que puedan sostenerse en el tiempo, independientemente de quién gobierne.

Las propuestas forman parte del documento 'Informe sobre la vivienda.

Política integral para un problema social', que analiza la evolución del modelo residencial español y las causas de la situación actual.

Según los datos del Banco de España recogidos en el informe, España acumuló entre 2021 y 2025 un déficit cercano a las 750.000 viviendas, debido al desequilibrio entre la creación de nuevos hogares y la construcción.

Mientras que cada año se forman una media de 245.000 hogares, en 2025 apenas se terminaron 92.000 viviendas nuevas.

El presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Jesús Santiago Ollero, considera que el problema de la vivienda va más allá del mercado inmobiliario y tiene consecuencias sobre el conjunto de la sociedad.

"La vivienda no constituye únicamente una política pública.

Es también una política económica, de empleo, cohesión territorial y de igualdad de oportunidades", señala en el prólogo del informe.

Una crisis que viene de lejos y no responde a un único Gobierno El informe insiste en que la crisis de la vivienda en España no puede atribuirse a un Gobierno concreto ni a una determinada decisión política, sino que responde a problemas estructurales acumulados durante las últimas siete décadas.

Los gestores administrativos sitúan el origen de los desequilibrios actuales en la evolución del modelo residencial español, marcado por sucesivas reformas legislativas, cambios demográficos, ciclos económicos y decisiones urbanísticas adoptadas por distintas administraciones.