La infancia atrapada en la crisis de Ceuta: 500 niñas esperan el traslado a la Península

La crisis migratoria que atraviesa Ceuta entra en una nueva fase marcada por la necesidad de conjugar la urgencia humanitaria con los procedimientos administrativos y la coordinación institucional. El Gobierno central confía en poder trasladar a la Península a unas 500 niñas migrantes que permanecen actualmente en la ciudad autónoma en un plazo de “ pocas semanas ”, según ha señalado el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa .

La contradicción entre la urgencia del escenario y los tiempos de la Administración vuelve a situar el foco sobre una crisis en la que las cifras representan mucho más que una estadística. Detrás de los cientos de menores se encuentra una red de acogida sometida a una presión extraordinaria y, especialmente en el caso de las niñas, la necesidad de garantizar espacios adecuados para su protección y atención.

Pérez Correa ha defendido que el Ejecutivo lleva trabajando desde comienzos de semana con empresas y organizaciones sociales para preparar el dispositivo. El secretario de Estado ha explicado que se están elaborando expedientes individualizados para cada menor, una tarea que considera especialmente necesaria ante la saturación de los recursos actualmente disponibles en Ceuta.

Según su explicación, el traslado requeriría la formalización de un convenio entre la ciudad autónoma y las entidades encargadas de acoger a las menores , una fórmula que ya se habría empleado en anteriores ocasiones. El Gobierno prevé además destinar parte de los fondos puestos a disposición de Ceuta para facilitar la operación.

La cuestión política reside ahora en transformar esa planificación en una propuesta concreta que pueda ser aceptada y ejecutada por las instituciones implicadas. Pérez Correa ha asegurado que, si el Ejecutivo ceutí reclama un documento formal, este será presentado.

El secretario de Estado ha defendido, asimismo, que el procedimiento puede desarrollarse con relativa rapidez . Como precedente ha citado el traslado de alrededor de 600 menores desde Canarias en el plazo de un mes , después de que el Tribunal Supremo obligara al Estado a asumir la atención de menores que habían solicitado protección internacional.

La discusión sobre el traslado no se limita a una cuestión de reparto territorial. La situación de los menores migrantes está sometida a un marco jurídico específico que obliga a las administraciones a garantizar su protección con independencia de su nacionalidad o de las circunstancias en las que hayan llegado a España.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ya estableció en 2024 que la devolución colectiva de menores no acompañados que habían llegado a Ceuta en agosto de 2021 vulneró las garantías legales . El principio que subyace a esta doctrina es que la condición de menor prevalece sobre la situación administrativa de quien llega al territorio.

En el caso de las niñas, además, el Gobierno sostiene que la saturación de los recursos constituye un factor añadido de vulnerabilidad.