Moncloa busca atajar su propia guerra interna con un decreto de vivienda exprés y sin apoyos

El Gobierno de coalición está mas cerca de romperse que nunca.

El desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años que la Policía Nacional expulsó de su casa para que un fondo buitre pueda especular con ella, ha generado tensiones entre los socios.

La semana pasada, el Congreso de los Diputados tumbó, con la abstención del PSOE, la propuesta de Sumar para prohibir la venta de pisos a fondos buitre, pero los magentas no amenazaron con la salida del Ejecutivo.

Sin embargo, un desalojo mediático ha cambiado las cosas.

Los socialistas llevan toda la legislatura incumpliendo parte del pacto suscrito por ambas formaciones y forzando la caída de propuestas de su socio minoritario que, cuando la situación es a la inversa, siempre terminan por apoyar a los del puño y la rosa.

La inacción en materia de vivienda es más que evidente y ambos socios se apoyan en que las derechas, Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya, aúnan fuerzas para tumbar cualquier iniciativa al respecto.

La pregunta es, entonces, qué sentido tiene seguir adelante si no existen mayorías.

Esta misma cuestión resuena ahora en el seno de Sumar, impulsada por personalidades como Ada Colau y respaldada por muchos de los militantes de los diferentes partidos que conforman la coalición.

El PSOE, por su parte, quiere gastar la última bala que guarda en la recámara para retener a sus socios e intentar salir de una crisis en la que el Ejecutivo, principalmente la ministra de Vivienda y el presidente, están siendo igual de señalados, o más, que administraciones autonómicas y locales como las de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida.

El clavo ardiendo al que se quiere aferrar Moncloa es, una vez más, el decreto de Vivienda.

El texto se encontraba en un cajón después de que, el pasado mes de abril, las derechas nacionalistas, española y catalana, lo tumbasen en la Cámara Baja.

Los socialistas aseguraron que iniciarían las negociaciones con los diferentes grupos parlamentarios para volver a llevar el texto al Pleno y sacarlo adelante.

Poco más se supo y, ahora, por las presión mediática y el riesgo de fragmentación interna, sus señorías han decidido acelerar.

Reacciones del Gobierno El propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se pronunció hace escasas horas sobre el desahucio de Maricarmen, ejecutado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado controladas por el Ministerio del Interior.