El Algarrobico culmina otro verano en pie sin cerrar un conflicto que dura 23 años

El hotel de El Algarrobico culmina otro verano frente al mar sin que se haya resuelto el conflicto urbanístico y judicial que acompaña al edificio desde hace 23 años.

La imagen del inmueble de 21 plantas y 411 habitaciones, levantado a escasos metros de la playa dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, continúa siendo la misma mientras las administraciones y los tribunales siguen marcando el ritmo de un proceso que se ha prolongado durante más de dos décadas.El movimiento más reciente llegó el pasado 7 de julio, cuando el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras aprobó la nulidad de la licencia de obras del hotel en cumplimiento de un mandato del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La decisión municipal ha sido interpretada por ecologistas, Junta de Andalucía y Gobierno central como un paso necesario para avanzar hacia la demolición, aunque todos reconocen que todavía quedan trámites pendientes.El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, sitúa ese acuerdo como el punto clave de la situación actual. «El paso más reciente y determinante lo dimos el pasado 7 de julio, cuando el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras aprobó la nulidad de la licencia de obras del hotel», explica en declaraciones a ABC.

Según subraya, con esa decisión «se ha venido a cumplir con lo requerido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía».Tras el acuerdo plenario, el Ayuntamiento comunicó inmediatamente la decisión al alto tribunal andaluz. «Nuestra actuación tras ese acuerdo plenario fue inmediata y la que correspondía, que era dar traslado al TSJA de la aprobación de la anulación de dicha licencia», añade el regidor.La inscripción de «demolición ya» realizada hace décadas permanece en El Algarrobico Toni JuárezLa licencia fue concedida en 2003 a la promotora Azata del Sol para construir un hotel de cuatro estrellas en la playa de El Algarrobico.

Las obras avanzaron hasta quedar ejecutadas aproximadamente al 95% antes de que un juzgado ordenara su paralización cautelar en 2006 tras las denuncias presentadas por organizaciones ecologistas.Estas organizaciones sostuvieron desde el principio que los terrenos estaban protegidos y cuestionaron la modificación cartográfica del parque natural que había permitido el desarrollo urbanístico.

El auto que paralizó las obras ya advertía entonces de una «apariencia de ilegalidad» de la licencia municipal por afectar a la servidumbre de protección de la Ley de Costas.Desde entonces, el caso ha recorrido distintas instancias judiciales y administrativas sin que se haya producido ni la demolición del edificio ni una solución definitiva para el municipio.

Uno de los mensajes más contundentes del alcalde se dirige a las otras administraciones.