Sánchez se pliega a la UE y tendrá que asumir ahora la Ley de asilo que se negaba a aplicar

El Gobierno aprobó este martes, pese a que no se había anunciado la intención en ningún momento, los anteproyectos de una nueva Ley de Asilo y de reforma de la Ley de Extranjería, cambios a los que le obliga la asunción del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), que se producen en medio de la crisis migratoria desatada en Ceuta.

Se trata de una primera lectura de ambos textos que deberán ser informados por distintos organismos y volver al Consejo de Ministros antes de llegar al Congreso.Entre las novedades que recogen estas propuestas destaca la eliminación con carácter general del recurso administrativo previo para los solicitantes de asilo que vean denegada su petición, según Interior, para reforzar la vía contencioso-administrativa.Se incorpora, además, nuevas causas de persecución relacionadas con el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad e introduce por ley la presunción de minoría de edad mientras se realiza la evaluación de los menores desamparados.

Además, se configura el Ministerio del Interior como autoridad decisoria.Ahora Sánchez se la juega en el Congreso, ya que ninguno de sus socios habituales aplauden el nuevo texto normativo europeo que consta de una parte de reglamentos de aplicación directa que no hay que votar y de una directiva que sí.

De hecho, preguntados por la falta de apoyos en el Congreso, tras finalizar la rueda de prensa del Consejo de Ministros, fuentes del Gobierno han apuntado ya hacía el Partido Popular, cuyo voto se vaticina crucial, afirmando que «el PP es capaz de votar en contra de sus convicciones».Los cambios legislativos sobre la ley de extranjería que ha anunciado el Gobierno serían la transposición de la legislación europea a la que Pedro Sánchez se ha opuesto formalmente, al menos en ciertos aspectos, y que está pendiente de un último trámite antes de su entrada en vigor definitiva.

España apoyó activamente el Pacto de Migración y Asilo que es un paquete legislativo que constituyó el primer paso para cambiar la política europea en este campo y que fue aprobado en 2024 y entró en vigor este mes de junio.

Sin embargo se ha opuesto al reglamento de retorno que es la legislación específica para poder expulsar a los que carecen de autorización para residir en Europa, porque contempla la posibilidad de crear centros de gestión de las expulsiones en terceros países, a imagen de lo que ha intentado poner en marcha Italia.

Un último voto en EuropaEsa legislación está pendiente de un último voto en el Consejo, en el que España probablemente no podrá impedir que se apruebe por mayoría.