Sánchez ya tramita su decreto de universidades para aprobarlo antes de las elecciones y a pesar del fallo del Supremo

Lo que hasta hace solo unas jornadas se perfilaba como una hipótesis sobre la mesa del Ejecutivo ha terminado confirmándose.

El Gobierno no solo no se va a quedar de brazos cruzados tras el reciente varapalo del Tribunal Supremo contra su decreto de universidades, sino que ya ha activado oficialmente el proceso exprés para tratar de aprobar una nueva norma «antichiringuitos» antes de que concluya la legislatura.El ministerio que dirige Diana Morant, acaba de lanzar formalmente el trámite de consulta pública previa para el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 640/2021.

Con este movimiento de ficha, el departamento ministerial consuma el compromiso anunciado por Pedro Sánchez nada más conocerse el fallo judicial y fija su objetivo de sacar adelante la regulación antes del llamamiento a las urnas.

La fase de alegaciones, que se saltaron en la tramitación anterior, s e abrió el día 15 de octubre y se mantendrá hasta el día 30 de este mes.

Desafío al Tribunal SupremoEl paso dado por Universidades llega tras la contundente resolución del Tribunal Supremo del pasado jueves, que tumbó el anterior Real Decreto al afear al Ejecutivo haber invocado «una urgencia insuficientemente justificada» para omitir los trámites de participación pública obligatorios en una norma de semejante trascendencia.Lejos de replegarse, el presidente del Gobierno reaccionó con inusitada rapidez a través de las redes sociales para marcar la hoja de ruta de su Gabinete: «Acatamos el fallo del Tribunal Supremo, pero no nos cruzamos de brazos.

Ya estamos trabajando en una nueva norma para evitar que la universidad se convierta en un negocio», aseveró.

Para Sánchez, el sistema universitario público se encuentra «bajo asedio» debido a la «proliferación descontrolada» de campus privados, una dinámica que, a su juicio, perjudica la calidad educativa y la igualdad de oportunidades.El intento del Ejecutivo de sacar adelante la normativa 'in extremis' vuelve a poner sobre la mesa el debate jurídico sobre los tiempos y las formas de la actividad legislativa.

Especialistas en derecho constitucional y parlamentario señalan la paradoja de que, tras ser anulada una norma por precipitada y carecer de la fundamentación de urgencia exigida, se pretenda tramitar un texto equivalente en unas pocas semanas y con el calendario electoral como principal acuciador.Fuentes jurídicas consultadas por este diario coinciden en calificar la maniobra como un intento manifiesto de «forzar las costuras del Estado de Derecho» en el tramo final de la legislatura.