Castilla-La Mancha amplÃa las deducciones del IRPF para llegar a 30.000 nuevos contribuyentes
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y de Simplificación Administrativa, conocida como Ley de Acompañamiento, que permitirá ampliar el acceso a las deducciones autonómicas del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
El Ejecutivo regional estima que 30.000 nuevos contribuyentes podrán beneficiarse de estos incentivos fiscales tras la modificación de los límites de renta establecidos para aplicar 20 deducciones.
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado los detalles de la norma durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, después de la reunión semanal del Consejo de Gobierno.
El proyecto acompaña a los presupuestos regionales de 2027, aprobados también en esta sesión, y será remitido a las Cortes de Castilla-La Mancha para iniciar su tramitación parlamentaria.
La principal novedad tributaria consiste en ampliar el número de personas que pueden acceder a las deducciones autonómicas ya existentes.
Para ello, la Junta elevará los umbrales máximos de renta que condicionan su aplicación, una medida que, según las previsiones del Ejecutivo, permitirá extender estos beneficios a nuevos contribuyentes.
Ruiz Molina ha resumido el cambio al señalar que se "aumentan los límites de renta máxima a las que están sujetas 20 deducciones autonómicas en el IRPF".
De esta forma, la reforma no se limita a mantener los incentivos vigentes, sino que busca ampliar el colectivo que puede acogerse a ellos.
Menos burocracia y más alcance para las deducciones El proyecto de ley se estructura en tres grandes bloques.
El primero reúne medidas administrativas relacionadas con la política económica, social y organizativa, además de actuaciones vinculadas a la protección del medioambiente y al funcionamiento de los servicios públicos.
El segundo capítulo incluye medidas de simplificación administrativa y racionalización normativa, con el objetivo de agilizar los procedimientos de la Administración regional y reducir trámites que se consideran innecesarios.
El tercero concentra las modificaciones tributarias, entre las que destaca la ampliación de los límites de renta de las deducciones autonómicas del IRPF.
El titular de Hacienda ha defendido que la norma busca mejorar la gestión pública y facilitar la relación de la ciudadanía y las empresas con la Administración.
En este sentido, el proyecto incorpora disposiciones para precisar los supuestos en los que se aplica el silencio administrativo desestimatorio y eliminar determinadas autorizaciones que se consideran excesivamente gravosas o innecesarias.
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