La sentencia que deja a Feijóo y al PP en evidencia con la crisis de Ceuta: dos condenadas por la medida que exigen al Gobierno

Desde que estalló la crisis migratoria en Ceuta el pasado 30 de julio cuando cerca de 72.000 migrantes llegaron desde Marruecos a la ciudad autónoma en situación irregular, el Partido Popular (PP) ha tenido clara su postura: la expulsión de todas y cada uno de ellos, también los menores, y la crítica al Gobierno central, pese a las medidas ya aplicadas y los trabajos que se están llevando a cabo en aras de dar prestar atención a los migrantes y garantizar la seguridad de la ciudad y los servicios públicos.

Una postura que este miércoles el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, exhibía con especial determinación al exigir un mando único al Ejecutivo de Pedro Sánchez, así como la expulsión de "todos los que han entrado ilegalmente" y la "reciprocidad" en las relaciones con Marruecos.

"Este gobierno ha subcontratado la llave de la frontera sur de Europa a la buena voluntad de Marruecos y eso es inadmisible, la seguridad de una ciudad española no puede depender de ninguna nación extranjera", lanzaba este miércoles Feijóo desde Ceuta en una comparecencia conjunta con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

Al hilo de ello, el líder del PP insistía en su voluntad de expulsar también a los menores migrantes llegados a Ceuta.

"Ni mayores, ni menores.

Han de regresar todos", lanzaba, para añadir que "no se puede utilizar una ocupación de un país para después pedir que los menores que hayan entrado se puedan quedar en ese país".

Sin embargo, esta postura completamente contraria a que se preste asilo y atención a este grupo de la población deja en evidencia a un PP que entre sus filas tuvo a una condenada por prevaricación administrativa precisamente por la devolución de menores de 2021 tras otra llegada masiva a Ceuta entre los días 17 y 18 de mayo de aquel año.

En la sentencia, dictada en septiembre de 2025, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, condenó a nueve años de inhabilitación especial para cargos públicos a la exdelegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y a la exvicepresidenta primera del Gobierno de la Ciudad Autónoma, Mabel Deu, por un delito de prevaricación administrativa por la repatriación de 55 menores a Marruecos en 2021.

Asimismo, también fueron condenadas a nueve años de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo, es decir, durante ese periodo de tiempo no pueden presentarse como candidatas a elecciones; a la pérdida definitiva de los honores inherentes a los cargos que ocupaban cuando ocurrieron los hechos; y al pago de las costas del procedimiento por partes iguales.

Dicha sentencia consideró probado que ambas dirigentes acordaron proceder a la devolución de los menores utilizando como base el Acuerdo entre España y Marruecos de 2007 sobre menores no acompañados.