Urbagestión, el fondo tras el desahucio a Maricarmen que ni siquiera le dejó recoger sus cosas

La imagen de una mujer de 87 años resistiendo un cuarto intento de desalojo, rodeada de activistas, vecinos y organizaciones por el derecho a la vivienda, ha terminado por convertirse en uno de los símbolos más reconocibles de la crisis residencial española.

Sin embargo, detrás de la dimensión humana y mediática del caso de Maricarmen se encuentra una larga disputa jurídica, un complejo entramado de cambios de propiedad y una empresa inmobiliaria que mantiene intacta su voluntad de recuperar la posesión del inmueble.

La evolución relatada por el Sindicato de Inquilinas han permitido reconstruir la evolución de un conflicto que comenzó hace años y que hoy trasciende la situación particular de una pensionista para proyectarse sobre uno de los grandes debates urbanos de nuestro tiempo: el futuro de los contratos de renta antigua y el equilibrio entre los derechos de propiedad y la protección de los inquilinos vulnerables.

La llegada de nuevos inversores El punto de inflexión se produjo en 2018, cuando la finca fue adquirida por Renta Corporación, una de las compañías más relevantes del sector inmobiliario español.

Poco después, la empresa ofreció a Maricarmen la posibilidad de adquirir la vivienda por 247.000 euros.

La propuesta resultó inviable para la pensionista, tanto por la cuantía exigida como por las dificultades objetivas para acceder a financiación bancaria a una edad avanzada.

Posteriormente, la propiedad acabaría en manos de Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, firma que también opera comercialmente bajo la denominación Urbagesa.

De acuerdo con las informaciones difundidas por el Sindicato de Inquilinas y recogidas por El HuffPost, detrás de la sociedad se encuentran los empresarios Ricardo y Fernando Alonso.

La compañía rechaza definirse como un fondo de inversión y se presenta como una entidad especializada en el análisis y asesoramiento de operaciones inmobiliarias.

Sin embargo, han desalojado a Maricarmen para especular con su vivienda, después de subirle el alquiler un 275%, de los 500 euros a los 2.650.

Asimismo, ha rechazado que una donante anónima asuma la parte que la anciana no puede pagar.

Setenta años en la misma vivienda La relación de Maricarmen con el inmueble situado en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro, se remonta a mediados del siglo pasado.

Su familia llegó a la vivienda en 1956, cuando su padre formalizó un contrato de alquiler sometido al régimen de renta antigua, una figura jurídica que durante décadas permitió la estabilidad residencial de miles de familias españolas.

Tras el fallecimiento del titular inicial, el contrato pasó a manos de su madre mediante subrogación.