PP y Vox borran la violencia de género del protocolo de vivienda social de Valladolid

El acceso al parque de vivienda social gestionado por la Sociedad de Vivienda y Suelo de Valladolid (VIVA) quedó modificado esta primavera a nuevas condiciones.

La revisión del protocolo, aprobada en mayo de 2026, introdujo entre sus principales novedades un aumento sustancial del periodo de empadronamiento exigido a quienes aspiran a una vivienda: el requisito pasó de un año a tres.

El Ejecutivo municipal, sustentado por Partido Popular y Vox, justificó el cambio mediante la necesidad de acreditar un mayor grado de vinculación con Valladolid.

El alcalde recurrió entonces al término "arraigo" para defender una modificación que, desde la oposición y otros sectores, fue situada dentro de una línea política que concede mayor preferencia a quienes acreditan una vinculación prolongada con el territorio.

Sin embargo, la revisión del protocolo contiene otro cambio que ha adquirido ahora relevancia política.

El PSOE de Castilla y León ha puesto el foco en la desaparición de las referencias a la violencia de género, reemplazadas por alusiones a la violencia doméstica.

No se trata de una mera variación terminológica: ambos conceptos responden a realidades diferentes y parten de marcos de análisis y protección distintos.

La reacción de las organizaciones feministas de la ciudad no se ha hecho esperar.

La Coordinadora de Mujeres de Valladolid ha cuestionado abiertamente la modificación y alerta de que eliminar del documento la mención específica a la violencia de género puede contribuir a diluir institucionalmente una forma de violencia que afecta de manera particular a las mujeres.

Paula Granado, portavoz de la organización, atribuye este cambio al peso adquirido por Vox en las decisiones del Ayuntamiento.

Su argumento parte de una premisa: modificar la denominación empleada en un documento administrativo no altera la existencia de la violencia contra las mujeres por razón de género, pero sí puede afectar a la manera en que las instituciones identifican, reconocen y abordan esa problemática.

El colectivo sitúa además esta decisión dentro de un contexto político más amplio.

Granado recuerda que el pacto de gobierno entre Partido Popular y Vox ya supuso la desaparición de la Concejalía de Igualdad como departamento autónomo.

Sus competencias fueron absorbidas por el área de Servicios Sociales, una reorganización que provocó el rechazo de las organizaciones feministas y críticas de los partidos de la oposición.