Zamora marca el camino para que los pueblos con embalses cobren su «deuda histórica»

La concesión de la explotación del embalse de Villalcampo (Zamora) ha caducado.

Eso, que en principio podría parecer poco más que un trámite administrativo, supone, en la práctica, no sólo que las grandes empresas eléctricas deberán concursar para hacerse con su gestión, sino que se abre una oportunidad para que los municipios en los que están instaladas las centrales puedan obtener más ventajas por ser, precisamente, el lugar del que sale la energía y el emplazamiento en el que se colocó el pantano con la consiguiente inundación de tierras.

Esos pueblos han abierto de nuevo el debate sobre la forma en la que territorios como los que atraviesa el Duero, especialmente en su tramo final por las provincias de Zamora y Salamanca, tienen que ser compensados por aportar, con sus recursos naturales, electricidad a buena parte de España.

Basta recordar, para demostrar su importancia, que la central hidroeléctrica de Aldeadávila, en Salamanca, es la de mayor producción del país y que fue la que permitió, en el apagón de 2025, que pudiese arrancar de nuevo todo el sistema eléctrico nacional.Así que Castilla y León, la primera comunidad productora de energía hidroeléctrica -también eólica- tiene mucho que decir para poner fin a una deuda histórica con muchos municipios que se remonta a mediados del siglo pasado, cuando se construyeron la mayor parte de estas infraestructuras y, con ello, asumieron no sólo los perjuicios que la obra pudiera ocasionar en ese momento sino que, además, se convirtieron en grandes centros de producción.

Es el caso del embalse de Villalcampo.

Inaugurado en 1949, cuenta con una capacidad total de 66 hm³ de agua y una superficie de 445 hectáreas entre los términos municipales de Villalcampo, Moral de Sayago, Muelas del Pan, Pereruela, Almaraz de Duero y Villaseco del Pan.

La potencia instalada es de de 217,81 MW, con una concesión administrativa para su explotación, en manos de Iberdrola, que expiró en octubre de 2024.

La compañía recurrió al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al entender que no eran 75 años de concesión, sino 99.

El recurso fue desestimado, al igual que el que se presentó ante el Tribunal Supremo.Así que el proceso sigue su curso, de forma que la Confederación Hidrográfica del Duero ya ha remitido a la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el expediente de extinción de la concesión, sobre el que se espera una resolución en breve.

Es el momento, afirman en los municipios que rodean la central, de que estos territorios sean escuchados y se compense el «daño» que supuso que el embalse anegara sus mejores tierras y que abocara a sus habitantes a la inmigración.