La jueza que se niega a abrir una macrocausa por las residencias de Ayuso pregunta ahora por esta opción a la Audiencia Provincial

Las víctimas de residencias de Madrid siempre han reclamado una macrocausa para investigar las muertes de sus familiares en los centros de mayores durante la pandemia del Covid.

Ahora, un año después, la jueza que se ha negado a ello en este tiempo habría consultado sobre dicha posibilidad al presidente de la Audiencia Provincial.

Así se desprende de una información que publica este jueves el diario El País, según la cual María Isabel Durántez, titular de uno de los juzgados de Plaza Castilla y competente para tomar la decisión, le habría planteado el pasado jueves por escrito una consulta al responsable del órgano madrileño, Juan Pablo González-Herrero.

La situación en torno a abrir una macrocausa para investigar los hechos que acontecieron en las residencias de la región madrileña al inicio de la pandemia se había complicado debido a la discrepancia entre magistrados de la Audiencia.

Dos secciones fallaban en contra y una a favor.

Ante este escenario, Durántez, opuesta hasta ahora a agrupar todas las investigaciones en una, habría elevado el asunto a González, quien, por el momento, se desconoce si ha respondido.

De hecho, no se sabe si tiene competencias para deshacer el enredo.

Fuentes jurídicas consultadas por el periódico mencionado reconocen lo insólito del conflicto, en tanto en cuanto es algo inusual que distintas secciones de la Audiencia hayan dictado resoluciones distintas sobre proceder a la investigación por esta vía.

Más de seis años después, decenas de jueces madrileños han investigado las muertes que los familiares achacan a los conocidos como 'protocolos de la vergüenza', aquellos documentos que impidieron el traslado de residentes en centros de mayores a hospitales, por separado.

Las familias han insistido durante todo este tiempo en que la decisión de que se negaran la atención hospitalaria obedecía, en última instancia, a directrices diseñadas por la clase política.

Hasta ahora, han conseguido que algunos ex altos cargos sean imputados por presunta discriminación en el acceso a la sanidad.

Más allá de nombres propios, las familias consideran, tal y como han explicado en diferentes ocasiones a ElPlural.com, que "la discriminación se produjo de forma masiva por un claro motivo atribuible a decisiones políticas".

La jueza consideraba, sin embargo, que cada muerte se produjo en circunstancias distintas, lo que impide esta posibilidad.

Discrepancias entre jueces Durántez fue la primera que imputó a estos ex altos cargos, en abril del año pasado, y el resto de jueces de instrucción que siguieron sus pasos consideraron que, como prevé la ley y ante la similitud de las causas, debía ser ella quien acumulara todos los procedimientos.