¿Está agotada la excepción ibérica?
Hay políticas que sobreviven a las circunstancias que las hicieron útiles.
La excepción ibérica pertenece a esa categoría.
Nació en 2022, cuando el gas europeo superaba los 230 euros por MWh y la invasión rusa de Ucrania había convertido el mercado eléctrico en una máquina de transmitir el 'shock' energético a hogares y empresas.
Cuatro años después, sindicatos y Yolanda Díaz quieren resucitarla.
El problema es que 2026 no es 2022.Conviene empezar por una precisión: no consta que el Gobierno haya pedido oficialmente a Bruselas recuperar el mecanismo.
CC.OO. y UGT lo plantearon el pasado 17 de septiembre; las eléctricas lo rechazaron y Carlos Cuerpo enfrió las expectativas.
El supuesto rechazo de la Comisión procede, por ahora, de una fuente indirecta.
La tentación, sin embargo, se entiende mejor mirando las cuentas públicas que las facturas eléctricas.
España llega a este nuevo episodio inflacionista prácticamente sin margen fiscal.
La Comisión Europea calcula que el gasto neto crecerá este año un 5,1%, frente al 3,5% comprometido, y Airef ha estimado ajustes de entre 15.000 y 23.600 millones hasta 2028.
Mientras tanto, el Gobierno ha elevado el techo de gasto para 2027 a un récord de 226.032 millones, pero sin nuevos Presupuestos.Ahí reside el atractivo político de la vieja excepción ibérica.
El mecanismo de 2022 no consistía en que el Estado comprase gas barato.
Las centrales pagaban el precio de mercado, ofertaban como si fuese inferior y recibían una compensación financiada básicamente por consumidores y rentas de congestión con Francia.
El Tesoro quedaba relativamente al margen.
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