Anticorrupción lleva al juzgado el ascenso como funcionario del subdelegado del Gobierno en Valencia

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido al juzgado su investigación sobre las presuntas irregularidades en el ascenso como funcionario del subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, tras apreciar indicios de delito.El 'número dos' de la delegada del Ejecutivo central en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, promocionó en marzo de 2023 en el Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer desde el grupo C1 hasta el más alto, el A1 nivel 26.Así, con un salto en el escala funcionarial que no estaría permitido legalmente, Jurado consiguió una plaza de técnico de la Administración General.

A su vez, esta promoción interna bajo sospecha le permitió acceder al cargo que ocupa desde febrero de 2024.

MÁS INFORMACIÓN noticia Si Ferraz acapara las listas al Congreso por Valencia y deja sin margen al rival de MorantSer funcionario de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales y estar licenciado son los dos requisitos para ser nombrado subdelegado por el procedimiento de libre designación.

En esa convocatoria, además, se exigía estar en el grupo A1, tal y como consta en el BOE.Rodríguez tenía plaza como administrativo en el consistorio de Canet desde 2009.

Allí, según su currículum oficial, trabajó como responsable de Recursos Humanos hasta 2011.

Volvió a ocupar el puesto en 2019.Este nuevo paso procesal -finalizada la fase prejudicial- se dio en septiembre, pero se conoce ahora según ha podido confirmar ABC tras avanzarlo Las Provincias, en un momento en el que Bernabé se prepara para dimitir como delegada para poder encabezar al lista del PSOE al Congreso por Valencia en las elecciones del 29 de noviembre.

La socialista será también la candidata del partido a las municipales de mayo de 2027 y Rodríguez sería su sustituto natural, aunque las pesquisas de Anticorrupción complican ese relevo.La Agencia Valenciana Antifraude ya advirtió de irregularidades graves y de la posible nulidad de la convocatoria en diciembre de 2022.

El Ayuntamiento de Canet -gobernado por el PSOE- defendió que se trataba de una discrepancia en la interpretación de la normativa y no revisó el procedimiento.A finales de 2025, el organismo autonómico volvió a recibir una queja sobre la presunta inacción del consistorio al respecto y reabrió la investigación, preguntando por ello a la Fiscalía.

La ley «no permite la promoción 'per saltum' directamente del subgrupo C1 al subgrupo A1, sino que debe realizarse la promoción interna al subgrupo inmediatamente superior, esto es al subgrupo A2», señalaba el informe de Antifraude consultado por este diario.En ese sentido, advertía de que podría haberse producido «un supuesto de fraude o corrupción en un caso de gestión de recursos humanos en las administraciones públicas».