El Gobierno habla de «complot judicial», desacredita el informe policial y cubre al director de la Policía que exculpa a Rabat

El Gobierno cree que el informe policial que puso en tela de juicio la versión oficial para exculpar a Marruecos es un «complot judicial» por parte de la jueza María Tardón.

Las fuentes gubernamentales consultadas por ABC se refieren en esos términos a la magistrada que «fue concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid en 1999».

Tras varias horas de colapso gubernamental por la filtración de un informe policial, el Ejecutivo puso en marcha la maquinaria para conocer los extremos del citado análisis y buscar los precedentes de la magistrada que solicitó un informe al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF).

La publicación del mismo en el diario El Español motivó la petición de explicaciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una carta enviada de madrugada, al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras.

Tras las explicaciones de Pardo Piqueras y la lectura por parte del Ejecutivo, previa autorización de la magistrada, fuentes gubernamentales sostienen que «el informe no habla en ningún caso de que hubiera gendarmes marroquíes, de paisano o de uniforme, dirigiendo los flujos migratorios hacia España».

Según el Gobierno, se trata de «un informe manipulado», filtrado a conveniencia de la jueza con intereses espurios para «atacar a Moncloa» y que, alertan, tendrá consecuencias» porque afecta a la seguridad nacional del Estado.Sin embargo, según confirmó el diario ABC, el escrito policial sí recoge la presencia expresa de «personas vinculadas a la fuerzas de seguridad de Marruecos y en personas o instituciones con la capacidad y experiencia necesaria para formar parte del nivel de planificación del proceso».

El Ejecutivo niega la mayor y sostiene que «no existe ninguna implicación de Marruecos», tal y como confirmó el director general de la Policía Nacional al responsable de Interior.

Tras varias horas caos gubernamental hasta conseguir diseñar una estrategia, el Ejecutivo elaboró un comunicado interno para trasladar su posición evitando las explicaciones públicas.

El argumentario oficial informa de que «el director general de la Policía explicó a Marlaska que «el aviso que el CENIF remitió el 29 de julio a los puestos fronterizos fue una alerta de riesgo frecuente»; que no trasladó el informe al ministro porque «la juez dio órdenes a los investigadores de no facilitar información alguna»; que, en consecuencia, Pardo «no tuvo conocimiento del mismo»; y que tras la autorización de la magistrada de dar acceso a sus superiores jerárquicos, «el director general de la Policía ha comunicado a Interior que no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta».