La Cámara de Cuentas destapa irregularidades masivas de 38.000 millones en la Junta de Andalucía tras eliminar el filtro de control previo

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha alertado sobre los severos riesgos y las deficiencias detectadas en la gestión pública tras el cambio que introdujo el Gobierno andaluz de Moreno para relajar los controles financieros previos en favor de auditorías a posteriori.

Según advierte el órgano fiscalizador en un informe de auditoría difundido este viernes, este cambio de modelo ha afectado a un volumen mínimo de 37.921 millones de euros en dinero público entre 2020 y 2024, desembocando en una oleada de dictámenes con sospechas legales: más del 93% de las fiscalizaciones posteriores acabaron con salvedades o directamente desfavorables.

El informe revela que la eliminación de la "fiscalización previa", el filtro suspensivo tradicional por el que un auditor debía dar el visto bueno antes de que se autorizara cualquier pago o contrato, priva a la Administración autonómica de una herramienta clave para prevenir irregularidades antes de que el dinero salga de las arcas públicas.

La consecuencia más inmediata de este alivio de controles preventivos ha sido la proliferación de malas prácticas administrativas.

La Cámara de Cuentas pone el foco en la contratación menor dentro del bloque de Órganos y Servicios, alertando de que el 100% de los informes analizados detectó el uso sistemático e incorrecto de contratos menores mediante el fraccionamiento de prestaciones.

Según el documento, se dividieron de forma recurrente contratos con un mismo objeto y hacia los mismos proveedores para eludir las exigencias de licitación pública y sobrepasar los límites cuantitativos y temporales fijados por la ley.

Asimismo, en la mitad de los expedientes auditados se emitieron las memorias de necesidad del contrato de forma posterior a la propia prestación del servicio o a la recepción de la factura.

Del total de 188 Informes de Control Financiero (ICF) definitivos emitidos por la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) bajo esta modalidad entre 2021 y 2024, el 71,28% (134 informes) concluyó con una opinión modificada con salvedades; el 22,34% (42 informes) derivó en una opinión desfavorable; y solo el 6,38% (12 informes) obtuvo un pronunciamiento favorable o sin objeciones.

A la elevada tasa de reparos se suma el dilatado margen de reacción.

La Cámara de Cuentas subraya que el tiempo medio para elaborar y publicar estos informes posteriores asciende a 9,64 meses, lo que supone que las anomalías o deficiencias en la gestión de los fondos públicos tardan casi un año en salir a la luz, imposibilitando la corrección en tiempo real.

El SAS, epicentro del gasto bajo control posterior En cuanto al reparto de los casi 38.000 millones abonados sin fiscalización previa, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) aglutina la aplastante mayoría del gasto.