La Diputación de Badajoz se niega a que el hermano de Sánchez y su amigo devuelvan los más de 400.000€ que cobraron

La Diputación de Badajoz ha pedido al Tribunal de Cuentas que archive las actuaciones abiertas a raíz de varias denuncias que reclaman que David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y su amigo, el exasesor de Moncloa, Luis Carrero, devuelvan las cantidades que percibieron de la institución provincial.

Según estimó en su día Iustitia Europa, la cifra superaría, entre ambos, los 400.000€.Tal y como informó ABC la semana pasada, el consejero del Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas dio traslado a la Diputación de Badajoz de las denuncias para que la institución se pronunciase o bien personándose como entidad perjudicada económicamente o pidiendo el archivo del procedimiento.La respuesta de la institución provincial es clara: considera que las actuaciones deben archivarse.

En el escrito remitido al Tribunal de Cuentas, la Diputación sostiene que no concurre ninguno de los elementos previstos en el artículo 59 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que regula los supuestos de responsabilidad contable por alcance.La institución asegura que esta posición se fundamenta en los informes recabados específicamente para analizar la situación y en el estudio de las circunstancias del caso y de la normativa aplicable.

Por tanto, la Diputación considera que no existe en este momento base para iniciar un procedimiento dirigido a reclamar a los condenados las cantidades que percibieron por sus servicios.La Diputación introduce además un elemento procesal para justificar su posición.

Recuerda que la sentencia 152/2026 de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz, en la que fueron condenadas once personas, «todavía no es firme».

La resolución puede ser recurrida mediante apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y, además, las partes han presentado solicitudes de subsanación, aclaración o precisión del contenido de la sentencia.Por este motivo, la institución provincial considera que, «en el actual estado procesal», no procede realizar ninguna actuación relacionada con el reintegro de haberes que se está solicitando en ejecución de la sentencia.

La Diputación distingue esta cuestión de otros posibles trámites que pudieran corresponder en aplicación de legislación sectorial específica o electoral.La respuesta no supone que el Tribunal de Cuentas haya archivado ya las actuaciones.

Es la posición defendida por la Diputación dentro del trámite de alegaciones abierto por el órgano fiscalizador.

Corresponderá ahora al propio Tribunal de Cuentas determinar si existen elementos suficientes para continuar con el procedimiento o si, como reclama la institución provincial, procede el archivo.