Los condenados por el caso David Sánchez no podrán ocupar ningún cargo público

La Audiencia Provincial de Badajoz ha concretado el alcance de la pena de inhabilitación impuesta a los 11 condenados por el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

En un auto dictado este miércoles, 16 de septiembre, el tribunal precisa que los condenados perderán los empleos o cargos públicos que desempeñaban cuando se produjeron los hechos y que, durante el periodo de la condena, no podrán acceder al mismo u otros puestos electivos o discrecionales en cualquier Administración pública.La resolución llega después de que varias de las defensas y acusaciones solicitaran aclaraciones sobre la sentencia 152/2026, dictada el pasado 14 de julio por la propia Audiencia Provincial de Badajoz.

La Sala recuerda que este trámite no permite modificar el contenido de la sentencia ni revisar las pruebas, sino únicamente aclarar conceptos oscuros, corregir errores materiales o completar posibles omisiones.Uno de los aspectos más relevantes es que el tribunal deja claro que la inhabilitación no supone perder la condición de funcionario que alguno de los condenados ya pudiera tener.

Es decir, la pena afecta al desempeño y acceso a determinados cargos públicos, pero no borra una condición funcionarial adquirida previamente.La Audiencia aplica esta interpretación de forma individualizada a los once condenados.

En el caso de Miguel Ángel Gallardo, la Audiencia precisa que pierde su condición de presidente de la Diputación de Badajoz que ostentaba cuando tuvieron lugar los hechos y que tampoco podrá obtener durante la condena otros cargos electivos o discrecionales en cualquier Administración pública.Respecto a David Sánchez, la Sala aclara que pierde la plaza cuya transformación dio lugar a los hechos por los que fue condenado, aunque él ya hubiera dejado voluntariamente ese puesto.

Además, durante el periodo de inhabilitación no podrá obtener el mismo u otros cargos electivos o discrecionales en la Administración.En uno de los casos más llamativos, el de Ricardo Cabezas -exlíder del PSOE de Badajoz-, señala que pierde el cargo de diputado delegado del Área de Cultura que desempeñaba cuando ocurrieron los hechos, así como los honores asociados, y que no podrá obtener durante el tiempo de la condena otros puestos electivos o discrecionales en cualquier Administración pública.

Cabezas continúa actualmente como diputado delegado de Cultura en la Diputación de Badajoz, aunque la sentencia todavía puede ser recurrida y no es firmeLa misma precisión se realiza respecto a Francisco Martos, que era diputado delegado del Área de Cultura cuando se produjeron los hechos y que actualmente es alcalde de Castuera.