El Gobierno de Page moviliza 692,2 millones de euros para garantizar los cuidados de las personas dependientes

Castilla-La Mancha ha autorizado la firma de un convenio de 94,22 millones de euros para financiar la atención a la dependencia en 2026, sufragado a partes iguales por la Junta y el Gobierno de España.

El acuerdo permitirá sostener los servicios y las prestaciones de un sistema que atiende a más de 83.000 personas en la región.

La consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha explicado que el convenio corresponde al nivel acordado del Sistema de Atención a la Dependencia y ha destacado que su financiación se reparte a partes iguales entre ambas administraciones.

Por su parte, el Gobierno de Emiliano García-Page destina este año 692,2 millones de euros al conjunto de la dependencia, una cifra que incluye otras vías de financiación además de este acuerdo.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Padilla ha subrayado la importancia de garantizar la continuidad de los cuidados y los apoyos que necesitan las personas en situación de dependencia.

El objetivo, ha señalado, es que puedan mantener su autonomía y recibir una atención adaptada a sus circunstancias.

"Las personas necesitan continuidad en sus cuidados", ha defendido la portavoz, que ha insistido en la necesidad de asegurar recursos suficientes y estables para sostener el sistema.

Reducir las listas de espera y mejorar los cuidados El convenio establece tres grandes objetivos: reducir los tiempos de espera, mejorar la calidad de los servicios y avanzar en las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en la atención a la dependencia.

Para agilizar la tramitación de las prestaciones, el acuerdo contempla la simplificación de los procedimientos administrativos y la incorporación de nuevas tecnologías a la gestión de los expedientes.

Estas medidas pretenden facilitar el acceso a los recursos y reducir las demoras que todavía afrontan las personas que necesitan apoyos.

En cuanto a la calidad asistencial, Padilla ha destacado la importancia de avanzar hacia una atención personalizada que tenga en cuenta las necesidades y las preferencias de cada usuario.

"Las necesidades, la voluntad y las preferencias de cada persona" deben orientar los apoyos, ha señalado.

Entre las actuaciones previstas figura la teleasistencia avanzada, que la portavoz ha definido como un derecho subjetivo.

Este servicio permite realizar un seguimiento de las personas, prevenir posibles situaciones de riesgo y facilitar que puedan permanecer en sus domicilios durante más tiempo con mayor seguridad.