La Torre de Caldaloba, más cerca de su recuperación tras resolverse la disputa por su propiedad

La Torre de Caldaloba, situada en Cospeito (Lugo), afronta una nueva etapa tras una resolución judicial que, según ha informado la Xunta, ratifica su derecho de retracto sobre la parte del monumento adquirida por la Diputación de Lugo; es decir, su legitimidad para ocupar su lugar como parte compradora.

La torre, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), se encontraba repartida desde 2022 entre la institución provincial y el Ayuntamiento de Cospeito, cada uno con la mitad de la propiedad.

El fallo reconoce el derecho de la Administración autonómica a adquirir la parte comprada por la Diputación, que ya trabaja en los trámites para formalizar el cambio de titularidad.El delegado territorial de la Xunta en Lugo, Alfonso Villares, ha expresado su «satisfacción» por una decisión judicial que, entiende, confirma la posición defendida por el Gobierno gallego durante el procedimiento.

Villares considera que ahora «se abre una nueva etapa» para proteger la torre, un monumento con más de 600 años de historia que presenta signos de deterioro.

La Xunta se compromete a impulsar actuaciones de recuperación, conservación y puesta en valor en colaboración con el Ayuntamiento de Cospeito.La Diputación reclama 106.000 eurosLa Diputación de Lugo ha respondido al fallo instando a la Xunta a elaborar cuanto antes un proyecto de recuperación del monumento.

La diputada provincial de Cultura, Iria Castro, ha anunciado que los servicios jurídicos de la institución trabajan en el procedimiento para otorgar la escritura de la finca al Gobierno gallego y solicitar el reembolso de los 106.000 euros que la Diputación invirtió en la compra de los terrenos.

Castro sostiene que el objetivo de aquella adquisición fue incorporar la torre al patrimonio público y facilitar un proyecto que frenase su deterioro.La sentencia llega después de varios años de enfrentamiento entre ambas administraciones por la propiedad y la conservación de Caldaloba.

La Xunta acusa a la Diputación de haber prolongado innecesariamente el procedimiento y de haber dificultado las actuaciones previstas para el monumento.

La institución provincial ofrece una versión opuesta: sostiene que fue el Gobierno autonómico quien retrasó durante cuatro años la intervención al acudir a la vía judicial y afirma que nunca puso impedimentos para resolver la cuestión administrativamente.

También asegura que solicitó en varias ocasiones permisos de Patrimonio para realizar trabajos de conservación, estudio y consolidación, sin obtener respuesta.Disputa desde 2022El proceso de adquisición comenzó después de las peticiones de vecinos y entidades culturales para proteger la torre.