El PP de Coslada vota en contra de la 'doctrina Ayuso' y aprueba una moción que incluye el alquiler indefinido

El Pleno del Ayuntamiento de Coslada, en la Comunidad de Madrid, ha dado luz verde a una moción sobre vivienda que se vertebra en las bases reclamadas por la movilización social.

Con 22 votos a favor, la iniciativa impulsada por Más Madrid en el municipio ha salido adelante, incluyéndose los votos favorables del Partido Popular, lo que se traduce en una marcha en contra de la postura esgrimida por el liderazgo autonómico del partido de Isabel Díaz Ayuso.

Fuentes de Más Madrid Coslada han precisado a El Plural que los votos a favor de los populares lo achacan a "la sensación que están empezando ahora en campaña a estar bastante preocupados por la imagen que están dando con la vivienda y se están moderando", reiterando que han apoyado el alquiler indefinido "en contra de lo que dice Ayuso".

En esencia, los votos a favor se desgranaron de Más Madrid, PSOE, IU-Podemos y el PP, contando tan solo con los tres votos en contra de Vox y el concejal no adscrito Fernando Romero.

Con esta luz verde, el Ayuntamiento (PSOE) podrá elaborar un Plan Municipal de Vivienda Social y Asequible de la mano de la Empresa Municipal de Vivienda (EMVICOSA), además de crear una agencia municipal del alquiler y promocionar contratos estables con rentas adaptadas a los ingresos familiares.

Tras la votación en el Pleno, que aconteció el pasado 14 de octubre, la portavoz de Más Madrid Coslada, Paz Garretas, celebró que se reconozca institucionalmente el problema de vivienda y la necesidad de "actuar": "Es una buena noticia, pero ahora toca remangarse y ponerse a trabajar.

Los vecinos no necesitan más promesas, necesitan soluciones", reivindicó.

La letra pequeña de las medidas aprobadas En la exposición de motivos presentada por Más Madrid, apelaron al artículo 47 de la Constitución Española, el cual recoge el derecho a una vivienda digna y adecuada; además de la situación que sirvió como la gota que colmó el vaso de la crisis como fue el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años obligada a abandonar la que fue su vivienda por siete décadas, en manos de un fondo de inversión, y que dos semanas después falleció.

"Una ciudad que expulsa a quienes la sostienen tiene un problema político de primer orden.

Es necesario destinar el suelo público a fines sociales, ampliar los parques municipales e impulsar vivienda social y asequible en alquiler", defendieron, al tiempo que instaron al Ayuntamiento de Coslada a "impulsar soluciones habitacionales dentro de sus competencias y exigir la colaboración y financiación" del Gobierno madrileño de Ayuso para estos fines y dar una respuesta a sus vecinos.