Exteriores pide a los consulados que diferencien a los nacionalizados por la 'ley de nietos' que acreditaron ser descendientes de exiliados

El Ministerio de Exteriores ha trasladado a los consulados españoles de todo el mundo las instrucciones para identificar de forma diferenciada a los ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática y que acreditaron durante el procedimiento que descendían de españoles exiliados.

El objetivo es aplicar la decisión adoptada por el Tribunal Supremo, que suspendió cautelarmente el derecho al voto de los nacionalizados por la conocida como 'ley de nietos' en aquellos casos en los que no se acreditó específicamente la condición de exiliado del antepasado.

Según ha dado a conocer El País, la instrucción, elaborada por la Oficina del Censo Electoral y firmada el pasado 18 de septiembre por la presidenta del Instituto Nacional de Estadística, Elena Manzanera, establece que los consulados deberán remitir información tanto de quienes ya están inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como de aquellos nacionalizados que todavía no figuran en él.

La orden fue enviada a principios de esta semana mediante telegrama a la red consular.

El documento establece además que deberán diferenciarse los casos en los que exista una certificación que acredite la condición de exiliado del antepasado sin que se hubiera aplicado la presunción establecida por una instrucción del Ministerio de Justicia de 2022.

Esta norma considera acreditada la condición de exiliado de los españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

La distinción resulta relevante porque la suspensión cautelar acordada por el Supremo afecta precisamente a la inscripción en el CERA de los nacionalizados en aplicación de la interpretación de la norma que permitió extender el procedimiento más allá de quienes pudieran acreditar individualmente la condición de exiliado.

El tribunal justificó su decisión por el riesgo que, a su juicio, podía generar el incremento del censo en la objetividad y transparencia de futuros procesos electorales.

La aplicación práctica de la nueva instrucción, sin embargo, todavía tendrá que esperar.

Tal y como ha apuntado El País, Exteriores señala que en un plazo de entre dos y cinco semanas se comunicará cuál será la plataforma informática habilitada para llevar a cabo el procedimiento.

Hasta entonces, los consulados no podrán comenzar formalmente el cribado de los expedientes.

La tarea preocupa especialmente a la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE).