Cómo la industria láctea hundió la ganadería: «Pactaban los precios; y si te querías ir, nadie te recogía la leche»

Fernando Sainz de la Maza nos cita en Linyola , un pueblecito de los llanos de Urgel (Lérida) donde se yergue lo que un día fue su granja de vacas lecheras.

La instalación es inmensa y pese al paso del tiempo y el abandono todavía se adivinan los mimbres de una explotación señera, con capacidad para alojar un millar de animales que daban trabajo a veinticinco personas.

Con cierta dificultad y una mueca de nostalgia -o de rabia- en el rostro, Fernando se abre paso con las manos por un bosque de hierbajos y nos lleva de una nave a la siguiente.

Hileras interminables de ordeñadores, bebederos, dormideros y cubículos en tándem conforman una infraestructura complejísima, hoy tomada por la herrumbre, las cagarrutas de paloma y los insectos, en un alegre zurriburri que evoca aquel pasaje final de 'Cien años de soledad' en el que la naturaleza devora la casa del último de los Buendía.Mucho se ha escrito sobre el llamado ' cártel de la leche ' desde que allá por julio de 2019 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multara a Puleva, Danone, Nestlé, Lactalis y otras tantas por convenir los precios que iban a pagar a sus proveedores, en un arreglo que existió entre los años 2000 y 2013 -aunque en distintos periodos en función de la empresa- y se llevó por delante un sinfín de explotaciones.

Sin embargo, hay que pasearse por una granja como la de Fernando para hacerse cargo de la dimensión humana de este caso y de lo que sucede cuando un mercado no es verdaderamente libre y competitivo. «Nos enfrentamos a multinacionales; fue un David contra Goliat«, explica.

El caso vuelve a estar de actualidad porque en apenas unos días hasta 2.000 ganaderos van a irrumpir en los juzgados con un paquete de reclamaciones de indemnización por valor de 500 millones de euros , el primero de una larga lista de pleitos que -según cálculos de este diario- podría costarle hasta 2.000 millones de euros a la industria.

Fernando es apenas uno más de los cerca de 12.000 profesionales que se estima fueron víctimas del cártel, aunque dos cosas le hacen distinto.

Una, que durante diez años fue miembro del consejo rector de una cooperativa, extremo que le permitió descubrir de primera mano que las gerencias estaban «muy bien comunicadas» -dice-; y dos, es uno de los pocos que se atrevieron a denunciar.