El PP presenta un recurso a la ley de memoria democrática de Cataluña y retrasa su aprobación
El PP ha presentado este martes un recurso ante el Consell de Garanties Estatutà ries (CGE) en contra de la ley de memoria democrática que estaba previsto que el Parlament de Cataluña aprobara el miércoles después de dos años de trabajo entre los partidos que la impulsan y más de 750 enmiendas.
Los populares han dado a conocer su decisión de llevar la norma al órgano encargado de analizar la validez constitucional y estatutaria de las leyes catalanas en un comunicado en el que alegan posibles "problemas de inconstitucionalidad" cosiderando que la iniciativa puede ir en contra de varios artÃculos de la Constitución Española por "la invasión de competencias y limitación indebida de la autonomÃa municipal".
De esta manera, el Partido Popular ha provocado que la ley que se iba a votar en el pleno de esta semana y que establece por primera vez un régimen sancionador por enaltecimiento del franquismo y daños a los espacios de memoria haya quedado paralizada, debido a que ahora no podrá tramitarse hasta que el CGE se pronuncie al respecto con un dictamen que no será vinculante.
La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha justificado la decisión de su formación defendiendo que "la recuperación de la memoria histórica no puede servir de excusa para vulnerar derechos fundamentales, saltarse las garantÃas jurÃdicas ni pasar por encima de las competencias que corresponden a otras administraciones".
En concreto, la proposición de ley de memoria democrática acordada por el PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP, el régimen sancionador por enaltecer el franquismo y causar daños a espacios de memoria contempla multas que van desde los 200 hasta los 150.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Entre las medidas que recoge, también se encuentra la retirada de toda la simbologÃa franquista situada en el espacio público en un plazo máximo de dos años, que se reducen a uno en el caso del monumento de Tortosa (Tarragona) en conmemoración de la batalla del Ebro.
Asimismo, la norma incluye la creación de un banco de memoria para centralizar los datos relacionados con la represión franquista y sus vÃctimas, en el que constarán los nombres de los agresores del régimen, y la constitución de una comisión técnica de memoria democrática que elabore un informe que sirva para facilitar la reparación de las personas afectadas por el franquismo.
La ley abarca lo sucedido desde el inicio de la Segunda República hasta las primeras elecciones de Cataluña tras la transición (entre 1931 y 1980), con la excepción del caso del Patronato de la Mujer, puesto que la actividad de esta institución represora de las mujeres no cesó hasta 1985.
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