Iustitia Europa pide al Supremo que suspenda las elecciones por las dudas en el censo de la 'ley de nietos'

Iustitia Europa ha pedido al Tribunal Supremo que suspenda las elecciones generales del próximo 29 de noviembre al considerar que existen dudas fundadas de que el censo esté «adulterado» después de que el Gobierno haya admitido la «imposibilidad material» de revisar los expedientes de nacionalizados por la 'ley de nietos' antes de los comicios.En un escrito, al que ha accedido ABC, el partido político advierte de un doble riesgo.

Si votasen electores que no pueden hacerlo por las cautelares del Supremo, «podrían abrirse vías de impugnación frente al escrutinio y a la proclamación de electos por haberse computado sufragios afectados por una resolución judicial vigente». «Y si, ante la imposibilidad de identificarlos individualmente, se impide votar a personas sin determinar previamente si están efectivamente comprendidas en la medida, podrían producirse igualmente reclamaciones e impugnaciones por afectación del derecho de sufragio», añade el escrito.

Para Iustitia Europa, «el problema, por tanto, alcanza a la propia seguridad jurídica del proceso electoral: tanto el cómputo indebido como la exclusión indebida pueden proyectarse posteriormente sobre la validez del resultado».

Su petición llega después de que la Abogacía del Estado presentase este jueves un escrito solicitando al alto tribunal que levante la cautelar que pesa sobre el censo de la 'ley de nietos' y que permita votar a todos los nacionalizados al considerar materialmente imposible comprobar caso a caso antes de la celebración de las elecciones generales.La formación liderada por Luis Pardo sostiene que esa declaración por parte de los servicios jurídicos del Estado «determina la necesidad de proyectar la tutela cautelar sobre el acto electoral en el que la resolución judicial debe desplegar sus efectos». «La suspensión cautelar de la votación preserva la efectividad de la tutela judicial del artículo 24 de la Constitución; la igualdad y regularidad del cuerpo electoral, el derecho de participación política del artículo 23, la objetividad del censo y la legitimidad democrática de las instituciones representativas resultantes del proceso».

Se trata, explica, de una medida con «una finalidad estrictamente instrumental, temporal y jurisdiccional».

Recuerda, en este sentido, que la Carta Magna «establece que las elecciones al Congreso deben celebrarse entre los treinta y los sesenta días siguientes a la terminación del mandato», y que la suspensión que solicita «se articula dentro de ese marco constitucional y durante el período estrictamente indispensable para asegurar la eficacia de la resolución judicial».