Galicia reduce su lista de espera de dependencia mientras la Xunta reclama 3.000 millones al Estado

Galicia ha reducido en el último año su lista de espera en el sistema de atención a la dependencia, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Derechos Sociales, mientras la Xunta ha aprovechado las cifras para reivindicar su modelo de gestión y volver a cargar contra el Gobierno central por su aportación financiera.

El Ejecutivo gallego sostiene que el Estado está «muy lejos de cumplir» con el 50% de financiación que, según defiende, establece la Ley de Dependencia y cifra en 3.000 millones de euros la deuda acumulada con la comunidad.El séptimo 'Panel del SAAD' sitúa actualmente en 1.247 las personas en lista de espera de dependencia en Galicia, frente a las más de 1.800 que se encontraban en esa situación un año antes.

El informe refleja además una fuerte reducción entre quienes llevan más de seis meses pendientes de resolución: en Galicia figuran únicamente 13 personas en esta situación, un dato que solo mejora La Rioja.A mayores, el Ministerio contabiliza 495 personas con derecho a prestación reconocida pero todavía a la espera de su Programa Individual de Atención (PIA), 450 de ellas desde hace más de seis meses.

Otras 739 personas ya disponen de PIA, pero siguen pendientes de que se les asigne una prestación.

Según los datos estatales, Galicia cuenta con 98.485 personas con prestación efectiva.La Xunta atribuye esta evolución a su plan de choque y asegura que en los dos últimos años se ha logrado superar los 99.000 dependientes atendidos y reducir el tiempo medio de espera en casi tres meses.

Política Social contrasta esa evolución con los «37 días de la media nacional», aunque centra buena parte de sus críticas en la financiación estatal.

Según sus cálculos, la aportación del Gobierno central pasó del 34% en 2024 al 32% en 2025, alejándose del 50% que reclama la comunidad.La Consellería acusa además al Ejecutivo central de presentar como novedades medidas que, según afirma, ya se aplicaban en Galicia.

Entre ellas cita las homologaciones automáticas entre los grados de dependencia y discapacidad, implantadas por la Xunta en 2025.

El Gobierno gallego recuerda que aquella medida fue recurrida ante el Tribunal Constitucional y reprocha que posteriormente se incorporase una fórmula similar a la reforma estatal, aunque «en menor intensidad» y sin reconocer, según sostiene, los mismos beneficios fiscales.Frente a lo que considera «todos los intentos de boicot del Gobierno central», la Xunta defiende que su modelo está consolidando la atención a las personas dependientes y reclama una mayor implicación económica del Estado.