Cae el decreto de 'lobbies' tras entorpecer durante tres semanas la actividad en la Administración

El real decreto ley para regular los lobbies que el Gobierno aprobó de forma sorpresiva el pasado 25 de agosto, para cumplir con un hito comprometido con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, y que desde entonces ha traído de cabeza a todo el personal de los ministerios, a las empresas y al resto de asociaciones que acostumbran a mantener una relación habitual con el Estado, no ha pasado este miércoles el corte de su convalidación en el Congreso y ha decaído tras dejar atrás un rosario de reuniones desconvocadas , de altas 'in extremis' en el registro de lobbies del Estado para poder tener reuniones con altos cargos del Gobierno y una sensación general de caos e improvisación.El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, de quien dependía la norma, intentó una maniobra de última hora para conseguir el respaldo de sus socios de Sumar, que habían avanzado que votarían en contra después de que UGT y CC.OO. pusieran el grito en el cielo por ser incluidos en la ley con el mismo estatus que los lobbies, y se comprometió a presentar un segundo texto corregido en cuestión de semanas para dejar claro que la norma no afectaría a los sindicatos.

Logró que Sumar votara a favor, pero no impidió que la mayoría parlamentaria configurada por PP, Vox y Junts echara abajo una norma, que nació ya por saltarse la negociación parlamentaria abierta para alcanzar un consenso político sobre el particular.Su aplicación efectiva no ha sido menos polémica.

Entró en vigor sin que existiera preparado el registro público de lobbies que era su razón de ser y para cuando este se activó, diez días después de la aprobación de la norma, empezó a hacerse evidente que tantas prisas no habían sido una buena idea.Fuentes de varios ministerios admitieron esos días que no disponían de una guía clara sobre cómo actuar.

Algunos optaron directamente por aplazar las reuniones previstas con empresas o grupos de interés para evitar cualquier problema con el real decreto en vigor, otros solicitaron declaraciones responsables a éstos antes de reunirse para cumplir aunque solo fuera formalmente la normativa y otro grupo decidió aplicar la ley de forma estricta y exigió darse de alta en el registro antes de recibir a nadie.

La improvisación desembocó en la suspensión de numerosas reuniones previstas y, en otros casos, en solicitudes y altas tramitadas a la carrera para evitar cualquier problema.