El debate por la vivienda pone el foco en la relación entre políticos y rentismo en medio de la ofensiva de la derecha

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, dimite tras desvelarse que su pareja cuenta con decenas de viviendas que dedica al negocio inmobiliario; tras los ataques a Maricarmen y al Sindicato de Inquilinas, PP y Vox apuntan ahora contra dirigentes socialistas Dimite la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, tras las informaciones sobre los negocios inmobiliarios de su pareja Primero, tras la ola de indignación que desató su desahucio, fueron a por Maricarmen.

Luego, cuando esa rabia se organizó y consiguió prender en las calles de todo el país con protestas y acampadas multitudinarias, los dardos se volvieron contra los portavoces del Sindicato de Inquilinas.

Y ahora, tras la aprobación y entrada en vigor del decreto antidesahucios del Gobierno, los ataques de PP y Vox ponen en la diana a dirigentes del PSOE.

La ofensiva de la derecha por intentar neutralizar el acceso a la vivienda como tema central de campaña busca desacreditar a los actores políticos o sociales que se hacen eco ahora de un sentir tan transversal que escala hasta la primera de las preocupaciones de los españoles, según el CIS.

Y todo, en mitad de un contexto electoral al que atraviesa, de repente, un viejo debate: el de la relación entre los políticos y los negocios inmobiliarios que este viernes se cobró como víctima política a la socialista Montse Mínguez, que dimitió.

Esta semana, el digital 'Artículo 14' publicaba que la pareja de la ya exportavoz del PSOE es un empresario catalán que se dedica, entre otras cosas, al rentismo.

Y cuyas sociedades poseen decenas de inmuebles que compra, rehabilita y luego alquila.

Desde el Partido Popular y Vox tardaron poco en lanzarse contra Mínguez para señalar “la hipocresía” o la “doble moral” de la diputada que defendió hace quince días desde la tribuna del Congreso que las viviendas son un derecho y no un negocio durante su intervención en el debate parlamentario sobre los decretos ley del Ejecutivo que la derecha tumbó.

La propia portavoz socialista, que no tiene ningún vínculo jurídico con las empresas de su pareja, salió esta semana públicamente, sin embargo, en defensa de su actividad.

“Paga sus impuestos y cumple la ley de vivienda, que en Catalunya está en vigor y limita los precios del alquiler en zonas tensionadas”, dijo durante una entrevista en Antena 3 en la que muchos compañeros de partido opinan que cometió el error de hacer suya una actividad que le resulta, en realidad, ajena.