Caballo de Troya electoral

A hora que el problema de la vivienda se ha convertido en la gasolina sobre la fogata de la polarización, considero esencial señalar algunos malentendidos que pululan entre una opinión pública mal informada y cada vez más exaltada.Para empezar, no existe —como tal— un «derecho a la vivienda».

El art.

47 del capítulo III título I de la Constitución Española reza: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».

Conviene precisar que, tener derecho a «disfrutar de una vivienda digna y adecuada», no equivale a tener derecho a «recibir una vivienda digna y adecuada».

Ni mucho menos supone que se permita expropiar viviendas a quien posea más de una u «okupar» las viviendas que sus propietarios no estén habitando.

El art.

47 es muy claro acerca de la responsabilidad de los poderes públicos, instados a producir «las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo».

Es decir, que estamos ante una fórmula de vocación urbanística y no de ambición reguladora de los alquileres y precios.Por otro lado, el art.

47 no forma parte de los derechos fundamentales de la Constitución Española (arts.

15 a 29), porque está encuadrado dentro de los «principios rectores de la política social y económica» (arts.

39 a 52).

Por lo tanto, el reivindicado «derecho a la vivienda» ni siquiera es un derecho fundamental entronizado en nuestro orden constitucional, aunque sospecho que semejante evidencia se convertirá en otro pretexto de la extrema izquierda para derogar la Constitución de 1978.La vocación urbanística del art.