Las medidas en la crisis de vivienda: un laboratorio con resultado discutido en Catalunya

En la última década, Catalunya se ha convertido en uno de los principales laboratorios de la regulación en materia de vivienda en España.

El rompecabezas de la emergencia habitacional ha dejado tras de sí un reguero de medidas impulsadas por las administraciones para proteger a los hogares más vulnerables, ampliar el parque de pisos sociales o contener los alquileres ante la escalada imparable de los precios, a la vez que se han introducido nuevas reglas para definir quién es un gran tenedor o limitar el uso de los contratos de temporada.

La última de estas leyes impulsadas por la Generalitat, contra la “compra especulativa” de inmuebles, no ha pasado este verano el examen del Consell de Garanties Estatutàries.

El ejecutivo catalán se ha comprometido a modificar la norma, que han criticado frontalmente las patronales y entidades del sector inmobiliario, al considerar que agravará la crisis de oferta.

Mientras los propietarios advierten que la sobrerregulación ha generado aún más inseguridad jurídica, el movimiento por el derecho a la vivienda digna alerta de los resquicios de estas normas.

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