Nacionalizar no es reparar

España ya favorecía la recuperación de la nacionalidad de los descendientes de exiliados.

Tanto la reforma del Código Civil de 1990 como la Ley de Memoria Histórica de 2007 permitieron recobrar la ciudadanía a quienes habían renunciado a ella por persecución política y, a su vez, abrió la puerta para que los hijos y nietos de esas personas optaran a la nacionalidad española.

Para ello debían demostrar la cadena de filiación –partida del solicitante y de los familiares ascendientes– y acreditar el exilio del familiar de donde mana la nacionalidad.

En aquel momento se recibieron 500.000 solicitudes y se tramitaron 250.000.

Según datos del Ministerio de Interior, los nietos de exiliados sumaron entonces 32.141 solicitudes del total de 503.439.

La Ley de Memoria Democrática de 2022 introdujo un cambio con respecto a la de 2007: ya no es necesario acreditar el exilio, basta con el parentesco.

A partir de entonces se han recibido más de 2,4 millones de solicitudes, cinco veces más que en 2007.

La polémica quedó servida cuando Vox e Iustitia Europa recurrieron ante la justicia española alegando que una instrucción administrativa no acredita el exilio.

En respuesta, el Supremo ha suspendido cautelarmente no ya la concesión de la nacionalidad o la anulación de las ya concedidas, sino la incorporación directa de esos nuevos españoles al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Mientras el partido de Gobierno y sus socios, así como la Fiscalía y la Abogacía del Estado, acusan al Supremo de suspender el derecho al voto de los nuevos ciudadanos, Vox y PP hablan de una tentativa del Ejecutivo de influir en las elecciones de 2027.

Entre 2010 y 2011, el Gobierno de Viktor Orbán simplificó la concesión de la ciudadanía a personas de ascendencia húngara que vivían en Rumanía, Serbia, Eslovaquia y Ucrania y les concedió, también, el derecho a votar en las elecciones nacionales.

La medida fue denunciada por la oposición y estudiada posteriormente por académicos como un caso de posible 'ingeniería electoral' mediante una ciudadanía extraterritorial.

En 2014, el 95,5 por ciento de esos votos fue para el partido de Orbán.

La cuestión de fondo alrededor de esta versión exprés de la ley de memoria impulsada por el Ejecutivo de Sánchez es hasta qué punto busca realmente una reparación histórica si ya la ley de 2007 e incluso la ley de 2015 para los sefardíes permitió obtener la nacionalidad descendiente de los judíos expulsados de España en 1492.