Ocho enchufados por el PSOE en la Faffe han cobrado 3,5 millones en sueldos y ya son fijos en la Junta de Andalucía

Ocho trabajadores procedentes de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), cuyas contrataciones irregulares investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, han cobrado sueldos públicos que suman casi 3,5 millones de euros y, a día de hoy, continúan prestando sus servicios como personal fijo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Así lo revela la Unidad Central Operativa (UCO) en un nuevo informe entregado el pasado 29 de julio al juez José Ignacio Vilaplana, el magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que investiga una supuesta red de enchufismo tejido durante los años de mandato del PSOE en la entidad pública financiada con subvenciones autonómicas para impartir cursos de formación.

Estos empleados fueron recolocados en el SAE, la agencia de la Junta encargada de buscar una salida laboral a los desempleados andaluces, cuando el Gobierno regional de José Antonio Griñán disolvió la Faffe en mayo de 2011.

Por encargo del magistrado que instruye el caso Formación, la UCO ha examinado al detalle los procesos selectivos que se saldaron con la contratación «arbitraria y discrecional» de diez trabajadores , emparentados algunos de ellos con antiguos cargos públicos del PSOE.

Los agentes requirieron al SAE los expedientes para analizar su acceso a un empleo público y los sueldos percibidos por los investigados desde su entrada en la Faffe, a principios de este siglo, hasta el año 2025.

Los salarios brutos que han cobrado ascienden a un total de 3.480.200 euros, aunque la cuantía individual varía dependiendo la categoría profesional ocupada y la antigüedad en el puesto.

Las retribuciones más elevadas corresponden a Rocío R.

R., que ha ingresado 588.781 euros desde su incorporación a la Faffe como 'técnico A' en marzo de 2010, escasos meses antes del acuerdo de disolución de la entidad.

Esta empleada ocupó la vacante que dejó Ramón Díaz Alcaraz, antiguo parlamentario autonómico del PSOE que estuvo investigado en 17 piezas separadas de la macrocausa penal de los ERE durante más de nueve años, hasta que fue finalmente exculpado.Dos de los diez contratos investigados no continúan en el SAE por diversos motivos.

Uno de ellos, hijo de una exparlamentaria, falleció en el año 2022, mientras que otra empleada imputada en la causa dejó la Faffe en 2009, antes de su extinción.

Los ocho restantes continúan en nómina de la Administración.Procesos selectivos «totalmente opacos»Según subraya la Guardia Civil en su informe de 231 paginas aportado al juzgado, los procesos selectivos de estas personas fueron «totalmente opacos».