La 'ley de nietos' se ha convertido en la bomba de relojería del 29-N con un duda pendiente: pucherazo o solo 14.120 votos

Las convocatorias electorales (sobre todo las adelantadas , como es el caso) suelen elevar el tono del debate político.

El 29-N lo que está recrudeciendo es el debate jurídico.

Y todo a costa de una normativa de 2022.

La conocida como 'ley de nietos' se ha convertido en una pieza clave del panorama preelectoral español, el foco de una espinosa controversia que, además de a los partidos, ha enredado al Tribunal Supremo, la Abogacía del Estado, la Fiscalía y la Junta Electoral.

Es comprensible si se tiene en cuenta qué está en juego: quiénes podrán acudir a las urnas en noviembre.

Para los servicios jurídicos del Estado, el dilema es el siguiente: ¿Qué hacer con miles de españoles inscritos en el CERA , el censo de votantes que viven en el extranjero? ¿Qué es la 'ley de nietos'? El apodo popular de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática.

Para ser más precisos, el de su disposición octava, que dio un plazo de dos años (más tarde prorrogado hasta octubre de 2025 ) para que los descendientes de españoles nacidos en el extranjero pudieran solicitar la nacionalidad de sus ancestros. ¿A quién se abría esa puerta? A los hijos y nietos de españoles que, "como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia u orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española".

La norma no acotaba ningún marco temporal, pero sí deslizó un concepto clave: "exilio".

El pasaporte quedaba al alcance de los hijos o nietos de españoles a los que durante la dictadura no les quedó otra que hacer las maletas.

El cómo ejercer ese derecho lo aclaró días después el Ministerio de Justicia a través de una instrucción dirigida a todos los interesados, los registros civiles y los consulados. ¿Es eso importante? Mucho.

De hecho es la clave del embrollo judicial que está caldeando las semanas previas al 29-N.

La instrucción diferencia entre dos perfiles.

Por un lado están los descendientes de españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, es decir, el período durante el que se prolongó la Guerra Civil y la fase de aislamiento del franquismo.

Por otro lado, están los herederos de españoles que cruzaron las fronteras entre enero de 1956 y 1978, cuando se aprobó la Constitución.