La Junta exige explicaciones a Adif por la retirada del «cerramiento histórico» de la estación de Valladolid

La Junta de Castilla y León ha exigido este viernes explicaciones a Adif pot la retira de uno de los muros de la estación de ferrocarril de la estación de Campo Grande de Valladolid, que el Gobierno autonómico considera un «cerramiento histórico» y ha reclamado «respeto» para el «patrimonio» de la capital vallisoletana.

En un comunicado, la Consejería de Cultura, dirigida en esta legislatura por Vox, lamenta «la pérdida de un elemento histórico» vinculado durante «más de un siglo a la imagen de la estación» y comprende la preocupación expresada por numerosos vallisoletanos «ante una actuación irreversible». «Por respeto al patrimonio y a los ciudadanos, considera imprescindible aclarar con rigor quién ha proyectado, autorizado y ejecutado esta actuación, evitando trasladar responsabilidades a una administración que no ha participado en ninguna de esas decisiones», ha añadido.Aclaran que el cerramiento retirado «no estaba declarado Bien de Interés Cultural», no se encontraba inventariado ni figuraba individualmente protegido en el catálogo del PGOU de Valladolid y que la actuación se enmarca en las obras de remodelación de Valladolid-Campo Grande promovidas y ejecutadas por Adif Alta Velocidad, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. «Fue Adif quien decidió incorporar al proyecto una nueva plaza abierta que prescindía del cerramiento histórico y quien finalmente ha ejecutado materialmente su retirada», han detallado.«La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte no proyectó el derribo, no lo autorizó y no lo ejecutó», han explicado.

Su intervención en estas obras se circunscribe a «las competencias que legalmente le corresponden en materia de tutela arqueológica», han comentado.

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural está realizando ese seguimiento y, el pasado 11 de agosto, recibió de conformidad el informe parcial de control y documentación arqueológica presentado por Adif, dejando «expresamente establecido que las obras continúan sometidas a supervisión y que deberá presentarse la correspondiente memoria final».Por ello, la Consejería considera que es el Gobierno de España, a través de Adif como promotor de una actuación de más de 200 millones de euros, quien debe explicar «por qué optó por un diseño que implicaba la desaparición de un elemento histórico perfectamente reconocible del entorno de Campo Grande y por qué no contempló su conservación, integración o reutilización dentro de la nueva plaza».