El PP advierte: el Gobierno plantea «la peor financiación de la historia» para Galicia

En un verano en el que la conversación política está alejada del siempre inflamable asunto de los incendios forestales, el PP ha querido poner el foco en uno de los temas que alimentará el regreso de la actividad parlamentaria a partir del próximo septiembre: el nuevo modelo de financiación autonómica y los efectos que podrá tener para Galicia.

Este lunes, los populares gallegos han querido insistir en una idea ya manejada en los últimos meses: la propuesta del Gobierno no solo es negativa para los intereses gallegos, sino que la Comunidad afrontaría «la peor financiación de su historia» si sale finalmente adelante.

En esta ocasión le puso voz a los datos la diputada lucense Cristina Sanz.

El nuevo modelo en efecto incrementa los recursos que se ponen a disposición de las Comunidades Autónomas para el sostenimiento de los servicios públicos, pero mientras que Galicia representa el 6% de la población española, su incremento en la financiación sería solo del 2,4%, según las estimaciones del PP gallego, que coinciden con las expuestas reiteradamente por el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, uno de los más encendidos detractores de la propuesta del Gobierno.

Para Sanz, el problema no es de falta de recursos adicionales para los territorios, sino de los criterios que el Ministerio de Hacienda ha decidido emplear para su distribución, y que «deja a Galicia en una posición claramente desfavorable».

Como ejemplo, subraya en que se reduce el peso de la población ajustada -que afina el coste de prestación de servicios más allá del número bruto de habitantes- y se resta importancia a «factores especialmente relevantes para Galicia» como pueden ser la dispersión territorial y el envejecimiento de la población, que inciden directamente sobre el coste de servicios como la sanidad, la educación o las políticas sociales.

Galicia solo recibiría el 2,4% del incremento de recursos con el 6% de la población españolaEl PP señala con el dedo el «principio de ordinalidad» como el pecado original del nuevo modelo, concepto introducido en la negociación entre el Ministerio de Hacienda y ERC para que beneficie a Cataluña, bajo el argumento de que la que más aporta a la cesta común debe ser la que más reciba posteriormente en la financiación.

Este principio solo se cumple en el caso catalán, curiosamente.