Obligados a compaginar el Ingreso Mínimo Vital con otras ayudas: "Tengo que hacer malabares para sobrevivir con 200€ al mes"

Eleonor Veiga lleva casi 20 años sin levantar cabeza.

"Después de la crisis económica, se pudrió todo", declara esta mujer de 62 años, nieta de españoles nacida en Uruguay y con nacionalidad española tras más de 25 años viviendo en Madrid, donde nació su hijo.

Desde su separación, su vida ha consistido en hacer milagros para conseguir sacar adelante su vida y la de su hijo mientras ella, periodista y trabajadora cultural en su país de origen, saltaba aquí en España de trabajo precario en trabajo precario con largas etapas de desempleo entre medias.

Su sustento ha dependido en la mayor parte de este tiempo de las prestaciones públicas, especialmente del Ingreso Mínimo Vital , una ayuda aprobada por el Gobierno central en mayo de 2020 con el objetivo de sacar de la pobreza extrema a cerca de un millón de personas.

Seis años después, la mayoría de usuarios que la reciben necesitan compaginarla con otras prestaciones —un 51% la combina con otra y un 16% con dos o más, según un reciente informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) — bien porque es insuficiente para poder sobrevivir solo con ella o por el miedo que atenaza a muchos de que pueda ser cancelada y reclamada de vuelta por el Estado en cualquier momento.

"Yo lo combino con el subsidio por desempleo para mayores de 52 años porque le tengo mucho miedo al IMV, te lo pueden sacar por cualquier cosa y quedas en pelotas y endeudado", explica Veiga, que recibe algo más de 700 euros mensuales combinando ambas ayudas , pero que tuvo que sobrevivir junto a su hijo durante un año con apenas 400 euros cuando les cancelaron el IMV.

"Ya era la segunda vez que, primero, me dieron el dinero y después me lo quitaron y es una mierda eso, sobre todo para la gente vulnerable como nosotros.

No puedes darle dinero a los pobres y después sacárselo.

Es de descerebrados.

El que pensó en ese mecanismo sabía que no lo iba a necesitar nunca".

El motivo de las cancelaciones como las que ha padecido Veiga es que la prestación gestionada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se concede teniendo en cuenta la Declaración de la Renta del año anterior a la solicitud.

Si se revisa posteriormente y la situación fiscal ha cambiado, por ejemplo porque el usuario haya podido conseguir un trabajo temporal, la renta puede haber superado el umbral y la prestación queda no solo cancelada por "cobros indebidos", sino que el dinero pagado durante meses o años es reclamado de vuelta, generando deudas en muchos casos inasumibles por parte de los usuarios.

A Veiga le suspendieron en dos ocasiones el IMV y en ambos casos se ha visto obligada a acudir a los tribunales para tratar de eliminar la deuda que le reclamaba el Ministerio.