Gavira (Vox) usa su consejería en la Junta para abrir un pulso al Gobierno con la violencia de género y la ley del 'solo sí es sí'

La llegada de la ultraderecha a los gobiernos autonómicos está suponiendo, principalmente, situar en la agenda mediática los principales campos de batalla ideológicos que defiende la formación que comanda con 'mano de hierro' Santiago Abascal . Entre estos temas está la negación al término violencia machista . Aunque es cierto que Vox ha ido 'relajando' su confrontación directa contra este término, desde la más absoluta negación - en Andalucía consiguieron implantar el término violencia intrafamiliar en el primer Gobierno de Moreno - hasta situar en el punto de mira de las agresiones a las mujeres a la "inmigración ilegal" . Sea como fuere, la realidad es que la obcecación de los de Abascal es dilapidar cualquier legado del Gobierno central de Pedro Sánchez que haya supuesto avances -técnicos, legales o culturales- en la lucha contra la violencia de género, siendo Andalucía, por cierto, la comunidad más golpeada .

En este sentido, la llegada de Gavira a la vicepresidencia de la Junta de Andalucía y la asunción de la consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local , ha llegado con una cesión de Moreno Bonilla a la ultraderecha: la de incluir en las competencias de Justicia las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) .

Dentro del organigrama autonómico, estas unidades se incorporan dentro de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal , dependiendo operativamente de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) implantados en las ocho provincias andaluzas. Compuestas por equipos multidisciplinares de médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales , su cometido central es la elaboración de informes psicosociales y dictámenes periciales sobre la situación de las víctimas de malos tratos, la evaluación del riesgo, las secuelas psicológicas y la afectación en los menores. Dichos informes resultan determinantes para que los jueces adopten órdenes de protección, acuerden medidas sobre custodias y regímenes de visitas en procesos de divorcio o concedan ayudas públicas autonómicas, según se recoge de diferentes normativas estatales y autonómicas.

La asignación de estos servicios al departamento de Vox encendieron todas las alarmas en el arco parlamentario de la izquierda, especialmente tras los antecedentes de la formación de ultraderecha, que en 2019 ya reclamó listas de los empleados públicos de estas áreas aduciendo un supuesto "sesgo ideológico" . La reestructuración llega, además, en un contexto especialmente sensible: Andalucía cerró el año 2025 como la comunidad autónoma con mayor número de mujeres asesinadas por violencia machista en España, con 14 víctimas mortales. Es decir, ahora Vox tiene las competencias de unos servicios que en 2019, en plenas negociaciones para facilitar el primer Gobierno de Moreno, pugnó para debilitarlo.

Desde el PP aseguran que el margen de acción de Vox en este tema es escaso.