Alejandro Betancourt, el empresario perseguido por la Justicia europea que servirá a Trump con la explotación petrolera en Venezuela

En mitad del conflicto que sigue sacudiendo a Oriente Próximo después de que el pasado mes de febrero Estados Unidos e Israel lanzaran una serie de ataques aéreos sobre Irán, y con las consecuencias que se han derivado de ello en el plano económico, este martes la Casa Blanca ha confirmado un acuerdo con el Gobierno de Venezuela, con el que pasa a controlar una quinta parte de las reservas de petróleo venezolano.

Al frente de ello, resuena el nombre de Alejandro Betancourt López, un empresario millonario cuya empresa -North American Blue Energy Partners (NABEP)- ha resultado adjudicataria para la explotación durante 100 años de las reservas de petróleo de Venezuela -concretamente, 17 campos petroleros- que reúnen cerca de 65.000 millones de barriles en reservas.

Un pacto con el que se acuerda, entre otras cosas, la propiedad del 35% de la empresa matriz de NABEP al Departamento de Defensa estadounidense.

Asimismo, el Departamento de Estado tendrá derecho a adquirir, a precio de coste, el 20% del petróleo extraído y a la primera opción de compra del 80% restante.

Esto, a juicio de la Administración Trump, "proporcionará una fuente de energía garantizada en nuestro hemisferio en situaciones de emergencia".

Sin embargo, lejos de los diferentes puntos que quedan recogidos en el acuerdo, parte del grueso de la cuestión está en que ha sido la empresa propiedad de Betancourt la elegida para llevar a cabo la explotación de crudo.

Este empresario, nacido en Caracas en 1980 y dueño también de la conocida marca de gafas Hawkers, ha sido investigado en múltiples ocasiones tanto en Suiza como en España y hasta mayo de 2026 no pudo salir de Reino Unido porque sobre él pesaba una orden de extradición de la Justicia suiza por una investigación por blanqueo de capitales.

Al margen de ello, en España la Audiencia Nacional mantiene abierta una causa contra Betancourt por una presunta trama de blanqueo de capitales vinculados con fondos procedentes de la petrolera venezolana PDVSA.

Esta investigación trata de esclarecer una serie de sobornos a tres funcionarios vinculados a un fraude millonario en Venezuela y a la consiguiente inversión de esos fondos en Europa.

No obstante, en marzo de este año, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz -quien llegó a dictar una orden internacional de detención contra Betancourt- decidió archivar la causa al no apreciar existencia de delito y Anticorrupción recurrió esta decisión.

Con ello, fue en junio cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sostuvo que la investigación estaba incompleta y ordenó volver a abrir las pesquisas.