La Audiencia Nacional moviliza a policías, Guardia Civil e inteligencia para reconstruir la entrada masiva en Ceuta

Fachada de la sede García Gutiérrez de la Audiencia Nacional. Europa Press.

La investigación de la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio entra en una nueva fase con un despliegue de medios policiales, militares y de inteligencia de una amplitud poco habitual.

La magistrada María Tardón ha acordado numerosas diligencias destinadas a reconstruir, desde diferentes fuentes y con metodologías complementarias, cómo se gestó la movilización, quién pudo coordinarla, qué recursos pudieron sostenerla y qué información manejaron los organismos españoles antes de que se produjera.

El dispositivo investigador alcanza a múltiples estructuras de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, además del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), organismos vinculados a Defensa y unidades especializadas en ciberseguridad, análisis financiero y vigilancia fronteriza. También se ha requerido información a empresas tecnológicas y a una compañía privada especializada en el análisis automatizado de imágenes satelitales .

La causa parte de una magnitud excepcional. El auto maneja una estimación de entre 75.000 y 85.000 personas movilizadas durante los acontecimientos de finales de julio. Esa cifra constituye una referencia incorporada a la investigación judicial, no una identificación individualizada de todas las personas que finalmente atravesaron la frontera. La instrucción trata de determinar, precisamente, la dimensión real del operativo y las estructuras que pudieron intervenir en su preparación.

Uno de los principales ejes de las diligencias se concentra en el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional. La unidad deberá profundizar en un informe anterior que apuntaba a una posible participación activa de miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes en la orientación de personas hacia la frontera. Esa hipótesis ha sido incorporada al procedimiento como una línea de investigación y deberá ser sometida a las comprobaciones correspondientes.

A partir de esos datos, la investigación pretende establecer conexiones entre teléfonos, perfiles, dispositivos, localizaciones y usuarios. La instructora ha previsto, además, recurrir a mecanismos de cooperación judicial internacional para solicitar información a compañías tecnológicas cuando resulte necesario.

Según EFE, el auto contempla una pieza separada de carácter secreto para determinadas actuaciones tecnológicas y solicita la conservación y eventual entrega de datos de cuentas, direcciones IP, dispositivos, teléfonos y conexiones relacionados con la convocatoria.

El objetivo no consiste únicamente en averiguar quién difundió mensajes en internet, sino en determinar si existió una estructura organizada capaz de transformar esa actividad digital en una movilización coordinada sobre el perímetro fronterizo.

La investigación incorpora también técnicas de identificación policial.