Los guardias civiles creen una «temeridad» el contrato al empresario marroquí fichado por Exteriores

La noticia publicada por ABC este lunes ha desatado una ola de indignación en el seno del Instituto Armado.

La revelación acerca del contrato adjudicado por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP) -entidad dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y dirigida por José Manuel Albares- al empresario marroquí Ridouane Ambarky ha provocado una dura reacción en bloque de las asociaciones de la Guardia Civil.

Tanto JUCIL como AUGC han exigido respuestas inmediatas al Gobierno ante los pliegos de un expediente que contempla que el adjudicatario intervenga en el tratamiento de datos personales de los efectivos desplegados en el país vecino.La asociación profesional JUCIL ha elevado el tono dirigiendo su exigencia de explicaciones de forma directa al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

La organización considera inaceptable que una empresa vinculada a un contratista marroquí pueda tener acceso a información sensible de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que operan en la frontera sur.«No afirmamos que se haya producido una filtración, pero la mera existencia de ese riesgo exige transparencia absoluta», sostiene la asociación.

En su declaración, urgen al Ejecutivo a identificar de inmediato qué tipo de datos se están tratando, quién tiene potestad para acceder a ellos, desde qué países se almacenan o consultan y, sobre todo, qué evaluación de seguridad se llevó a cabo antes de adjudicar el servicio.Dada la gravedad de la exposición, JUCIL ha reclamado la «suspensión cautelar de cualquier acceso externo» a la información de los agentes hasta que el Gobierno acredite las máximas garantías.

Asimismo, exigen una «auditoría independiente» que cuente con la participación del Centro Criptológico Nacional y de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

La entidad avisa de que los guardiaciviles no pueden quedar expuestos por una contratación mal evaluada: «Si alguien autorizó este contrato sin valorar adecuadamente los riesgos, deberá asumir responsabilidades políticas».En esta misma línea de condena se ha posicionado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Tras analizar el contenido del contrato gestionado por la fundación pública, la entidad ha calificado la adjudicación de riesgo inasumible. «Esto no es dar protección a los guardias civiles.

Es una temeridad», han denunciado.Para la AUGC, las condiciones de la adjudicación exponen a los efectivos destinados en un área de alta complejidad.