Manos Limpias denuncia al Defensor del Pueblo por su recurso ante el TC sobre la 'ley de nietos': «Es un escándalo»

El sindicato Manos Limpias ha interpuesto una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, por su decisión de interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el auto que decretó la suspensión cautelar de la denominada 'ley de nietos' .

En su escrito, recogido por ABC, Manos Limpias asegura que el Gobierno «pretende utilizar la figura del Defensor del Pueblo para burlar una resolución judicial, y para ello utiliza torticeramente la interposición de un recurso de amparo, con claro abuso del derecho, con claro fraude de ley y además incurriendo en un delito de prevaricación administrativa».

El denunciado, según Manos Limpias, «ostenta un alto cargo dentro de la administración del Estado teniendo la condición de Alto Comisionado de las Cortes Generales y por lo tanto se le considera autoridad pudiendo cometer, por consiguiente, un delito de prevaricación administrativa». «El Defensor del Pueblo puede proyectar su supervisión sobre aspectos de funcionamiento del sistema judicial (retrasos generalizados, quejas sobre deficiencias de atención, problemas estructurales) en cuanto integran la actividad de la Administración.

No puede controlar la función jurisdiccional», sostiene el sindicato.

A su juicio, «la resolución del Defensor del Pueblo, además de vulnerar el principio de separación de poderes, supone de alguna manera, acusar a los magistrados del Tribunal Supremo de prevaricadores». «Es un auténtico escándalo que se utilice no ya solo al Tribunal Constitucional, para vulnerar sentencias del Tribunal Supremo, sino que ahora también se utiliza la figura del Defensor del Pueblo (afín al PSOE y al Gobierno) para vulnerar de manera flagrante una resolución judicial», critica.

En esta línea, Manos Limpias insiste en que la resolución para interponer recurso de amparo es «manifiestamente temeraria», un «claro abuso del derecho y fraude de ley, burda, indecente, sectaria y presuntamente prevaricadora». «Y por todo ello, el recurso no solo debe ser inadmitido de plano por parte del Tribunal Constitucional sino que también debe de darse traslado de esta denuncia al propio TC para que quede constancia de que ese recurso está contaminado por un presunto delito de prevaricación administrativa», concluye.